SFC propone precios socioambientales para inversión sostenible en Colombia

“El precio oculto del riesgo: por qué la Superfinanciera quiere que Colombia adopte los ‘precios sombra’”

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) presentó su propuesta para crear un sistema de precios socioambientales con el cual las entidades vigiladas puedan evaluar los proyectos de desarrollo.

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2026.   – El sistema financiero colombiano tiene el reto de financiar obras que generen rentabilidad social y no solo privada a largo plazo. Para avanzar en ese objetivo, la SFC presentó una propuesta de sistema de precios socioambientales para que las entidades vigiladas lo pongan en práctica a la hora de evaluar y analizar proyectos de desarrollo privados y públicos en el país.

La Superfinanciera presentó su propuesta durante el foro Precios socioambientales: una herramienta para la inversión sostenible en Colombia que se realizó en la entidad, y que contó con la participación del Superintendente Financiero, profesor César Ferrari, representantes de entidades financieras y expertos en la materia como Daniel Schydlowsky, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Raúl Castro, profesor de la Universidad de los Andes; Andrés Vera, vicepresidente técnico de la Asobancaria; Ricardo Lara Manzano, director de infraestructura y energía para la región Andina de BID Invest y Andrés Trejos, coordinador de estudios económicos de la SFC.

El profesor Ferrari recordó que el tema de los también llamados “precios sombra” tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XX, pero vuelve a revivir en el mundo debido a los nuevos fenómenos sociales y ambientales que afectan los negocios y al sistema financiero. “El concepto de ‘precios sombra’ vuelve a tomar importancia porque se ven los efectos del cambio climático sobre la economía y la competencia en los negocios de todos los sectores”, dijo el Superintendente.

Por su parte, el profesor Schydlowsky sostuvo que los precios sombra miden las valoraciones de los bienes y servicios cuando hay fallas de mercado relacionadas con tasas de interés, variación de los tipos de cambio y desequilibrios fiscales.

Definición técnica:  El valor económico implícito de un recurso o restricción, que refleja el beneficio o costo marginal para la sociedad de disponer de una unidad adicional de ese recurso.

En otras palabras, mide cuánto aumentaría el bienestar social si se tuviera una unidad más de un recurso escaso (o cuánto se perdería si se reduce).

Los precios sombra (o shadow prices) son valores económicos que no aparecen en el mercado, pero que representan el costo de oportunidad real de un recurso para la sociedad. Se utilizan cuando los precios de mercado están distorsionados o cuando un bien no tiene precio observable (como el aire limpio, el agua, el tiempo, el impacto ambiental o ciertos riesgos sociales).

La propuesta de la Superfinanciera

Andrés Trejos resaltó la importancia de realizar evaluación social de proyectos que eleven el bienestar general de la población. “Es posible priorizar proyectos más allá de la rentabilidad privada, incorporando bienestar social en general y sostenibilidad ambiental en particular”, señaló el directivo.

Insistió en que la evaluación social ofrece una base técnica para discutir la relevancia de esas iniciativas en el contexto de la política pública y del sistema financiero, y facilita seleccionar proyectos que eleven el bienestar social con eficiencia económica y sostenibilidad ambiental.

La propuesta de la SFC de crear un sistema de precios socioambientales para Colombia incluye estimaciones de la valoración social de seis factores productivos y variables fundamentales: trabajo, ingreso público, inversión, divisas, carbono y tasa social de descuento.

El sistema propuesto favorece proyectos intensivos en trabajo –especialmente si absorben mano de obra ociosa o subempleada–, otros que generan o ahorran divisas –mediante aumentos de exportaciones y sustitución eficiente de importaciones–, proyectos que fortalecen el ingreso público y la capacidad del Estado para proveer bienes públicos y regulación, e iniciativas con menor huella de carbono o con beneficios netos de mitigación y adaptación al cambio climático.

¿Por qué los precio sombra no coincide con el precio de mercado?

Porque los mercados reales tienen fallas como:

• Externalidades (contaminación, impacto ambiental)

• Bienes públicos

• Monopolios

• Subsidios o impuestos distorsionantes

• Desempleo estructural

• Información asimétrica

En esos casos, el precio de mercado no refleja el valor social real. El precio sombra corrige esa distorsión.

Aplicaciones prácticas en el sistema financiero

Los precios sombra permiten:

✔️ Evaluar proyectos con criterios de sostenibilidad: Incorporan costos ambientales y beneficios sociales que no aparecen en los estados financieros tradicionales.

✔️ Priorización de inversiones públicas y privadas: Ayudan a seleccionar proyectos que maximizan el bienestar social, no solo la rentabilidad privada.

✔️ Medir externalidades : Ejemplo: el costo real de la contaminación o el valor social del agua en zonas de escasez.

✔️ Modelos de riesgo y crédito: Permiten ajustar tasas, provisiones o ponderadores de riesgo cuando existen impactos climáticos o sociales no reflejados en el mercado.

Ejemplos concretos

• El precio de mercado del agua puede ser bajo, pero su precio sombra en una región árida es altísimo.

• El costo de producir cemento no incluye el daño ambiental; el precio sombra sí.

• Una hectárea de bosque tiene un precio sombra mayor que su precio comercial por su valor en captura de carbono.

Los precios sombra están regresando al centro del debate económico porque permiten:

• Valorar correctamente los recursos escasos.

• Incorporar el impacto del cambio climático.

• Tomar decisiones financieras más responsables.

• Alinear el sistema financiero con la sostenibilidad.

La propuesta de la SFC busca que Colombia adopte un sistema moderno de precios socioambientales, alineado con estándares internacionales, con la regulación sobre los Riesgos ESG  y con la urgencia climática actual

.

Los criterios ESG —Environmental, Social & Governance— corresponden a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que hoy se utilizan para medir la sostenibilidad, solidez y nivel de riesgo de las organizaciones más allá de sus indicadores financieros tradicionales. En el sector financiero, esto implica evaluar variables como impacto ambiental, protección de datos, inclusión financiera, prácticas laborales, ética corporativa, transparencia, ciberseguridad, gestión reputacional y calidad del gobierno corporativo. Lo que durante años fue considerado un componente reputacional o voluntario, hoy empieza a consolidarse como una dimensión crítica del riesgo financiero y regulatorio, capaz de afectar la estabilidad de portafolios, el acceso a fondeo, la confianza del mercado y la sostenibilidad de las entidades en el largo plazo.

Cuando el mercado no basta: los precios sombra y las lecciones que el mundo ya aprendió

Aunque el concepto de precios sombra nació en la segunda mitad del siglo XX, su vigencia es hoy más evidente que nunca. En un entorno donde el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y las externalidades sociales reconfiguran la economía global, los países han tenido que recurrir a herramientas que permitan valorar aquello que el mercado no logra capturar. Y es precisamente allí donde los precios sombra se convierten en un instrumento indispensable para gobiernos, empresas y, especialmente, para el sistema financiero.

A continuación, presentamos algunos de los casos más relevantes del mundo, que ilustran cómo esta metodología está transformando la forma en que se evalúan proyectos, se asignan recursos y se toman decisiones estratégicas.

Reino Unido: el precio sombra del carbono como brújula de inversión

El Reino Unido fue pionero en incorporar un precio sombra del carbono para evaluar proyectos de infraestructura y energía. Aunque el CO₂ no tiene un precio único de mercado, el gobierno estableció un valor social del carbono que debe ser considerado en toda decisión pública relevante.
El resultado ha sido contundente: proyectos que parecían financieramente atractivos fueron descartados al incorporar su verdadero costo climático. El precio sombra se convirtió en un filtro que obliga a pensar en sostenibilidad, no solo en rentabilidad.

Unión Europea: el agua como activo estratégico

En regiones con estrés hídrico —España, Italia, Grecia— la Unión Europea utiliza precios sombra para valorar el agua, cuyo precio de mercado no refleja su escasez real.
Esta metodología ha permitido:

• priorizar cultivos menos intensivos en agua,
• rediseñar tarifas de riego,
• justificar inversiones en infraestructura hídrica,
• y gestionar sequías con criterios técnicos y no políticos.

El precio sombra del agua ha sido clave para evitar decisiones que comprometerían la sostenibilidad agrícola y urbana del continente.

Estados Unidos: el costo social del carbono como herramienta regulatoria

El gobierno estadounidense utiliza el Social Cost of Carbon, un precio sombra que estima el impacto económico de cada tonelada de CO₂ emitida.
Este valor se usa para:

• evaluar regulaciones ambientales,
• analizar proyectos de infraestructura,
• y medir el impacto de políticas energéticas.

Gracias a este instrumento, decisiones que parecían costosas para las empresas demostraron ser beneficiosas para la sociedad cuando se incorporó el costo climático real.

Chile: precios sombra para priorizar inversión pública

Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor tradición en el uso de precios sombra dentro de su Sistema Nacional de Inversiones.
Allí se aplican precios sombra del:

• trabajo,
• capital,
• carbono,
• y recursos naturales.

Esto permite que hospitales, carreteras, sistemas de agua potable y proyectos de transporte se evalúen no solo por su rentabilidad financiera, sino por su impacto social y ambiental.
El resultado: un portafolio de inversión pública más eficiente y alineado con el bienestar colectivo.

India: el precio sombra del trabajo en zonas rurales

En regiones con desempleo estructural, India aplica un precio sombra del trabajo inferior al salario de mercado.
La lógica es simple: el costo social de emplear a una persona desempleada es menor que su costo laboral formal.
Esto ha permitido maximizar el impacto de programas de infraestructura rural, irrigación y caminos comunitarios, generando empleo y desarrollo local.

Australia: biodiversidad y bosques valorados más allá del mercado

Australia utiliza precios sombra para valorar servicios ecosistémicos como:

• captura de carbono,
• biodiversidad,
• protección de cuencas,
• y conservación de bosques nativos.

Gracias a esta metodología, proyectos mineros o agrícolas han sido rechazados cuando su impacto ambiental superaba su beneficio económico.
El precio sombra se convirtió en un mecanismo de protección ambiental basado en evidencia económica.

Costa Rica: el valor real de los servicios ambientales

Costa Rica fue pionera en asignar precios sombra a servicios como:

• captura de carbono,
• regulación hídrica,
• biodiversidad.

Esto permitió crear el reconocido programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que transformó al país en un referente mundial de reforestación y conservación.

Nueva Zelanda: pesca sostenible basada en valor social

Nueva Zelanda utiliza precios sombra para valorar la sobreexplotación pesquera y el impacto en ecosistemas marinos.
Esto permitió establecer cuotas de pesca basadas en el valor social del recurso, no en su precio comercial, convirtiendo al país en un referente global en sostenibilidad marina.

Una lección global para Colombia

Los casos internacionales muestran un patrón claro: cuando el mercado no refleja el valor real de un recurso, los precios sombra permiten tomar decisiones más inteligentes, sostenibles y alineadas con el bienestar colectivo.

En un país como Colombia —expuesto a riesgos climáticos, tensiones sociales y desafíos estructurales en sectores como energía, agua, agricultura y crédito— la adopción de precios socioambientales, como propone la Superintendencia Financiera, no es solo una innovación técnica: es una necesidad estratégica.

La creciente conversación sobre los nuevos riesgos ESG,  confirma que los riesgos socioambientales dejaron de ser un asunto reputacional para convertirse en una variable estructural del riesgo financiero.

El mensaje del regulador es contundente: las entidades deberán empezar a incorporar en sus modelos de decisión factores relacionados con cambio climático, impacto social, sostenibilidad y gobernanza, entendiendo que estos elementos ya afectan la estabilidad de portafolios, la capacidad de pago y la resiliencia del sistema financiero. Para la industria de crédito y cobranza, esto implica un cambio profundo de paradigma: el futuro ya no dependerá únicamente de originar más cartera, sino de construir modelos capaces de gestionar riesgos sociales, ambientales y reputacionales en un entorno donde la confianza, la trazabilidad y la sostenibilidad serán tan relevantes como los indicadores tradicionales de rentabilidad.

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