Vuelve y Juega: Proyecto de Ley de“Borrón y Cuenta Nueva 2.0" vuelve a ser radicado

El pasado 24 de julio fue radicado de nuevo el proyecto de ley por medio del cual se pretende crear un segundo régimen transitorio de “Borrón y Cuenta nueva”, una iniciativa liderada en esta oportunidad por Alejandro Campos, Representante a la Cámara y Clara Eugenia López Senadora de la República, ambos representantes del Pacto Histórico.

Recordemos que esta iniciativa se había hundido en la Legislatura pasada (jun 2024), ya que, si bien logro pasar por Cámara, la Comisión Primera del Senado no agendó el proyecto para debate, por lo que sus promotores anunciaron en su momento que seguirían insistiendo en su trámite y que sería presentada de nuevo, una vez iniciara la nueva legislatura y en efecto así lo han hecho.

Si bien el espíritu de la norma dice buscar que los colombianos reportados en las centrales de riesgo puedan limpiar su vida crediticia y acceder a nuevos créditos, en el fondo la falta de información siempre castiga el mercado con mayores tasas por mayor riesgo, por lo que sumado a otras varias razones, no hubo consenso en la primera legislatura para sacar adelante esta iniciativa.  Sin embargo, se da por descontado que en esta segunda legislatura el ambiente sea muy distinto, ya que el Gobierno tiene bien “aceitada” una fuerte maquinaria politiquera,  para impulsar toda iniciativa que sume votos al ánimo reeleccionista de Petro.  

Con este nuevo proyecto de Ley  “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, se pretende crear un segundo régimen transitorio que permita el retiro del reporte negativo de los bancos de datos de historiales crediticios de los deudores morosos, luego de la extinción de las deudas con entidades financieras,  crediticias, comerciales,  y de servicios, se supone que  con el fin de incentivar el pago de acreencias y la reactivación de la vida crediticia de los deudores a manera de amnistía transitoria.

¿Qué propone la nueva versión de la  Ley  “Borrón y Cuenta Nueva 2.0?

Reza exactamente el articulado propuesto, que “los titulares de la información que extingan sus obligaciones objeto de reporte con entidades financieras, crediticias, comerciales y de servicios, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por término máximo de dos (2) meses, tras lo cual se deberá retirar su reporte negativo de manera inmediata. Cumplido este plazo máximo de dos (2) meses, las entidades financieras deberán realizar las gestiones pertinentes que permitan retirar su reporte negativo de los bancos de Datos de historiales crediticios de manera inmediata”.

Contempla además el proyecto de Ley que este retiro del Reporte Negativo, beneficie también a todos aquellos que hayan pagado antes de entrada en vigencia de Ley.

Respecto a los titulares de la información (o codeudores) que tengan obligaciones con el ICETEX en mora, y que paguen las cuotas o extingan su deuda o realicen un acuerdo de pago y cumplan con las cuotas ininterrumpidamente durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, puedan solicitar el retiro inmediato del dato negativo. Lo mismo piden que se aplique para los deudores de vivienda en mora.

El proyecto de Ley pide también retiro inmediato del reporte negativo, para  mipymes o empresas del sector turismo o pequeños productores del sector agropecuario o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los 12 meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente ley.

EL PROYECTO ENCIENDE ALARMAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Si bien, la primera Ley de Borrón y cuenta Nueva (octubre 2021), contemplaba un término de duración del reporte negativo máximo de 6 meses, preocupa que la nueva iniciativa es más agresiva, al proponer que quienes se pongan el día dentro de los 12 meses siguiente a la entrada de vigencia de la Ley, permanecerán con dicha información negativa tan solo por dos (2) meses.

Sin duda esta medida causa bastante malestar en el sistema financiero, teniendo en cuenta que la información de comportamiento y experiencia crediticia, se constituye en pilar estratégico en la toma de decisiones en materia de riesgo de crédito, y por ende en el soporte prudencial del manejo del ahorro de todos los colombianos.   

Incluso hasta el mismo Ministerio de Hacienda no dio recomendación positiva al mencionado proyecto. Al consultar su opinión para incorporarla al debate, el Ministerio de Hacienda expresó su negativa frente la iniciativa, particularmente porque el comportamiento de los prestamistas puede verse seriamente afectado por la sustracción de información financiera relevante para ajustar sus modelos de originación de crédito, algo que según el ministerio está sustentado ampliamente en la literatura sobre memoria negativa.

Por su parte, este tema también fue discutido en la agenda del 89 Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero, llevada a cabo el pasado miércoles 3 de abril, con la participación de Ministro de Hacienda, el Gerente del Banco de la República, el Superintendente Financiero, la Directora de Fogafín, y la Directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, en el que se analizan de manera periódica las principales tendencias de los indicadores líderes del sistema financiero. 

Respecto a los efectos de la Ley 2157 de 2021 “Ley de borrón y cuenta nueva” sobre el pago de las obligaciones de los deudores de las entidades financieras, así como los de iniciativas recientes que reducen la información disponible sobre sus hábitos de pago. Los miembros del comité coincidieron en los inconvenientes que estas medidas pueden tener en la cultura de pago de los deudores y en el funcionamiento del mercado de crédito

Al contrario, en su argumentación, los defensores del proyecto alegan que los reportes de riesgo eliminados por acción de la ley de borrón y cuenta nueva, no son determinantes para el evolución del mercado de crédito, teniendo en cuenta  un comentario del superintendente financiero, quien expresó,  que los establecimientos de crédito al momento de determinar la capacidad de pago del deudor, no se limitan solo al reporte o historial crediticio de los operadores de información,  en la medida que de conformidad con las instrucciones impartidas por esa superintendencia,  también deben analizar las variables de riesgo relevantes que influyen al menos información relacionada con flujos de ingresos y egresos, y solvencia del deudor, además de la información sobre el cumplimiento de obligaciones.

Si bien estamos ante las primeras de cambio, ya que este proyecto de Ley debe pasar por Cámara y por Senado, es claro que estas iniciativas de tinte político populista, tienen muy buena acogida entre los legisladores, en momentos en que ya todos piensan más en los votos que en lo que realmente le conviene al país.

NORMATIVA VIGENTE

Es de señalar que hoy, para los deudores que no han atendido el pago de sus obligaciones, el término de permanencia de la información negativa es el doble del tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.

Es decir que, según lo establecido por la ley para incumplimientos o mora igual o superior a 2 años el reporte negativo tendrá un plazo máximo de permanencia de 4 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación.  Si la mora en el pago es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, contados a partir de que sean pagadas las cuotas vencidas.

PRIMERA AMNISTÍA “Ley de borrón y cuenta nueva” Ley 2157 de octubre de 2021

Recordemos que ya los colombianos se beneficiaron de esta “Ley de borrón y cuenta nueva”, régimen de transición comprendido en la Ley 2157 de 2021, que entró en vigencia el  29 de octubre de 2021, el cual contempló, entre otros, los siguientes beneficios, por el término de un año:
1. Los deudores que extinguieron sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, permanecieron con dicha información negativa en los bancos de datos por el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. Cumplido este plazo de máximo seis (6) meses, el dato negativo fue retirado automáticamente de los bancos de datos.
2. Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley hubieran extinguido sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de datos por lo menos seis (6) meses, contados a partir de la extinción de las obligaciones, también fueron beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa.
 

Lo anterior permitió que todos los colombianos que pagaron sus obligaciones en mora entre el 29 de octubre de 2021 y el 29 de octubre de 2022, permanecieron con reporte negativo en los operadores de información (TransUnion y Datacrédito operado porExperian) máximo (6) seis meses contados a partir de la fecha en la que realizaron el pago. Una vez cumplido ese término, el dato negativo fue retirado de inmediato las bases de los operadores.
Así mismo, los que pagaron antes del 29 de octubre de 2021 también se beneficiaron.
 

La referida Ley, contemplo además el retiro inmediato para los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas del conflicto armado y los jóvenes y mujeres rurales que tuvieren cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro. Para este grupo que extinguió sus obligaciones dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el dato negativo les fue retirado inmediatamente de los bancos de datos.

Sin duda este es un tema en el que los políticos ganan popularidad y votos, por lo que la votación en los diferentes debates, se espera que sea mayoritaria; sinembargo es evidente que muchos Representantes en el fondo, realmente no entienden el alcance de una medida como esta.  

“Es un error pensar que la ley de borrón y cuenta nueva favorecerá a los más vulnerables en medio de esta crisis sanitaria. Tener información suficiente y de calidad favorece el acceso al crédito, mejores tasas de interés y ampliar la cobertura. Necesitamos que el análisis de esta ley se dé bajo estrictos parámetros técnicos y no se limite al discurso político. Las fintech de crédito digital y sus usuarios se verían muy limitados por esta norma. Está en juego la Inclusión Financiera”, fue la opinión de Erick Rincón Cárdenas,  cuando ejercía de Presidente de Colombia Fintech, en momentos de discusión de la primera Ley de Borrón y Cuenta Nueva”. 

Para algunos expertos, lo que más preocupa son  las iniciativas que además puedan sumarse en la discusión del proyecto de Ley,  siendo uno de los puntos más sensibles el que tiene que ver con la calificación crediticia, ya que comienzan a oírse voces que hablan de normalizar  también la calificación de Riesgo del deudor tan pronto como se elimine el reporte negativo.  Todos sabemos que los modelos de riesgo de crédito de entidades de todos el mundo, se soportan en la historia crediticia de los deudores,  y son el principal indicador decisorio del proceso de aprobación.   Recordemos que la calificación crediticia reúne diferentes variables de comportamiento y no solo se alimenta de una foto estática, lo que distorsionaría los “score” crediticios, que están construidos con más o menos data histórica de 5 años, para que realmente sean predictivos.

¿PARA ATRÁS COMO EL CANGREJO?

Las entidades crediticias y todo aquel que tenga un claro entendimiento del valor de la información en el sano desarrollo de los mercados especialmente los microfinancieros, entiende el peligro del alcance de iniciativas que pretenden retroceder en las mejores prácticas que ha apropiado Colombia en materia de información crediticia y de promoción del acceso al crédito, que nos merecieron obtener el segundo lugar en el Ranking anual Doing Business pocos años atrás, publicación insignia del Grupo del Banco Mundial sobre la facilidad de hacer negocios, que mide las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen en 11 áreas críticas del ciclo de actuación de los negocios en 190 países.  Después de haber estado en el número dos del Ranking, hoy hemos retrocedido más de 11 puestos en dicho ranking.

Unas populistas y otras de buena fe, lo cierto es que algunas iniciativas en vez de promover la inclusión financiera, la frenan y la cargan de costos innecesarios teniendo en cuenta que elementos como la incertidumbre o la falta de información histórica sobre ciertos nichos, de inmediato eleva las condiciones de riesgo de cualquier operación y por ende los costos que se ven reflejados en mayores tasas de interés, y mayores provisiones ante eventuales crecimientos en la siniestralidad de cartera, resaltando la importancia de la cartera como el activo más valioso de las entidades crediticias que a su vez sustenta la sostenibilidad de la intermediación financiera y respalda el ahorro de millones de colombianos.

No hay que ver muchos debates para concluir que definitivamente estamos gobernados por personas que poco entienden de lo que hablan.   Repiten sin la más mínima profundidad, legislan sobre la casuística, sobre la noticia pasajera, sobre el encabezado amarillista de la prensa. Exponen cifras fuera de contexto, como por ejemplo es lamentable ver que citen el número de quejas presentadas ante la Súper, sin el consecuente contexto de cuantas fueron favorables al cliente y cuantas, la inmensa mayoría,  resultaron quejas sin fundamento, que fueron resultas a favor de la entidad financiera.  Más allá de desinformar, esto ejemplo en otro país, se definiría como un comportamiento poco ético.  

Incluso en su último reporte para 2020 del Doing Business del Banco Mundial, los autores señalan la estrecha relación entre información crediticia y evasión de impuestos “las empresas evaden impuestos a menor grado en economías con mejores sistemas de intercambio de información crediticia;  este efecto es más fuerte para las empresas más pequeñas, empresas en ciudades y pueblos más pequeños, así como aquellos que operan en industrias que dependen de financiamiento externo, y en industrias y economías con mayor potencial de crecimiento.

Mientras en  Colombia se trata de minimizar la información financiera de Buró,  se han abierto en todo el mundo más de 56 nuevos Buró crediticios y más de 32  centrales de riesgo, especialmente en los mercados de bajos ingresos y economías en desarrollo; para el Banco Mundial: “El intercambio de información de crédito tiene convertirse en un elemento clave en la infraestructura de los mercados de crédito en todo el  mundo como prerrequisito para una buena gestión de riesgos y estabilidad financiera. Las oficinas de crédito y los registros ofrecen una forma de minimizar el problema de la información asimétrica porque ayudan a los prestamistas a predecir mejor a los prestatarios y su capacidad de pago, reduciendo así la probabilidad de incumplimiento”.

Mientras que el 67% de las economías tenían un buró de crédito privado o un registro de crédito público según el Doing Business 2005, en 2019 esa cifra es del 88%.   En Doing Business 2005, todas las economías de altos ingresos de la OCDE tenían un funcionamiento buró de crédito o registro en comparación con el 57% de las economías en África subsahariana.

LA CARTERA ES LA BASE DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN TODOS LOS SECTORES

Es de resaltar también que la financiación no es exclusiva del sector financiero, las cooperativas o microfinancieras y es en realidad transversal a todos los sectores de la economía y tamaños de empresas, por ejemplo el comercio, el retail, los servicios públicos, los telcos, las ventas multinivel, los fondos de empleados. En la mayoría de actividades productivas o de servicios, el otorgamiento de crédito se constituye en dinamizador de las ventas y en herramienta para tener acceso a nuevos mercados, Por su parte la sana rotación de la cartera es la base de la estabilidad financiera sostenibilidad y competitividad.

Por otra parte, los mensajes y discursos que se generan alrededor de estas iniciativas construyen en la población un imaginario peligroso equivoco y la falsa creencia que las entidades que tuvieron a bien confiar y otorgar la financiación son las responsables de los malos reportes que lleguen a tener los personas en las centrales de información financiera y no la verdadera razón del reporte negativo que solo nace del retraso, incumplimiento o no pago de una obligación por parte exclusivamente del deudor; obligación que a su vez necesita hacerse liquida dentro de los plazos originalmente pactados por que hace parte de la cadena de pagos del prestamista, por ejemplo pagar ahorradores, pago de nómina, pago de arriendos, compra de inventario y pago de proveedores, entre otros.

LA BUENA INFORMACIÓN ES CLAVE PARA EL ACCESO AL CRÉDITO

Según lo revela cada trimestre el banco de la República en su “Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia”, la falta de información financiera está entre los primeros lugares dentro de la lista de factores que les impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito a las entidades crediticias, incluidas las financieras especializadas que no son vigiladas por la Superintendencia.

Así las cosas, mantener la mayor información financiera sobre los potenciales y actuales sujetos de crédito se constituye en un factor de beneficio para todas las partes, que genera mejores condiciones de acceso al crédito. Cualquier medida que restrinja la información en a todas luces inconveniente y va en contravía de las mejores prácticas internacionales.

MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN INFORMACIÓN CREDITICIA

La información crediticia se constituye en factor fundamental para medir el grado de madurez y competitividad de los sistemas crediticios mundiales, siendo este uno de los 11 aspectos que mide el Grupo del Banco Mundial en su informe anual Doing Business, a través del índice de cobertura, alcance y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los registros de crédito o los burós de crédito.

Las mejores prácticas internacionales se centran en la divulgación de información crediticia tanto de particulares como de empresas, divulgación de información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cuantía del préstamo original, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (pagos demorados y el número y la cantidad de impagos). Si se distribuyen datos de minoristas o de empresas de servicios públicos y si hay disponibilidad de datos históricos.

Los registros y burós de crédito que eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda o que distribuyen más de 10 años de información negativa después de que la deuda es saldada obtienen una puntuación de 0 en este componente.

De igual manera si no se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita se baja la nota de competitividad. Si el registro o buró no es operativo o tiene una cobertura inferior al 5% de la población adulta, la puntuación en este índice es 0.

Por ejemplo, en la India, luego de mejores en la calidad y suficiencia de la información crediticia, los prestamistas en la industria de microfinanzas observaron un 50% menos tasas de incumplimiento, así como mayores eficiencias operativas y crecimiento del acceso al crédito, caso de éxito muy conocido que seguramente no ha sido estudiado por los honorables congresistas, que si miran con profundidad los estudios de cuanto mejorarán su votación con proyectos como estos.

Mientras la mayoría de los países avanzan, Colombia se acerca a esas 26 economías que tomaron medidas que crearon nuevos obstáculos para su competitividad y crecimiento, incrementando sus costos y su riesgo.