Sistema financiero frente al Covid-19: Colombia VS. la Región

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Banca&Economía Edición No.1243 - Asobancaria julio 27 de 2020

Las distintas medidas de confinamiento implementadas en el mundo dirigidas a frenar la ola de contagios por el Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de reacción contracíclica del gobierno y la solvencia del sector privado, especialmente del sistema financiero, por sus múltiples y fuertes vínculos con los distintos actores en la economía.

Es así como, sin poner en riesgo la estabilidad y la solvencia del sistema en estos momentos de estrés económico, según Asobancaria,  la banca ha otorgado importantes alivios a la población, beneficiando a millones de usuarios a través de periodos de gracia, reestructuraciones, y desembolsos de nuevos créditos.

Mediante el análisis comparativo del desempeño local frente a nuestros pares regionales, que hace Asobancaria en su informe, permite dar luces sobre el alcance y efectividad de estas medidas.

En su Edición No.1243 de Banca & Economía, Asobancaria  presenta un balance de las medidas implementadas en términos crediticios en América Latina y cómo ha sido el desempeño de la banca local frente a sus pares regionales.

Esta crisis sanitaria condujo a la implementación de medidas de confinamiento obligatorio para frenar el ritmo de contagios, lo cual se tradujo rápidamente en una crisis en todos los sectores, generando serias afectaciones sociales y económicas. Los principales indicadores de la actividad productiva han caído a mínimos históricos. El FMI1 , en este contexto, prevé una caída en la producción mundial del orden del -4,9% en 2020 y un dato más sombrío para Latinoamérica y el Caribe de -9,4%. Sin embargo, pese a que Colombia enfrentaría su primera recesión en dos décadas, el país presentaría la segunda menor contracción de la región, con -7,8% para este año, detrás de Chile con -7,4%, y retomaría su senda expansiva en 2021, con un crecimiento cercano a 4,0%.

De los casi 3,9 millones de casos confirmados en Latinoamérica y el Caribe a la fecha, el 84,7% provienen del sur del continente. Los países con más casos de contagio con corte al 21 de julio son Brasil (2,1 millones), Perú (353.590) y Chile (333.029), que en conjunto acumulan el 72,4% del total en Latinoamérica. Al revisar los casos confirmados en proporción a la población de cada país, los casos de Chile y Perú destacan.

Medidas de alivio financiero en América Latina

Los aislamientos obligatorios, el freno súbito de la producción y la caída del consumo de los hogares dejaron como resultado afectaciones en el mercado laboral y el ingreso de los hogares y empresas. En respuesta, las autoridades y el sector financiero de la mayoría de los países de la región lanzaron medidas previas a la propagación masiva del virus con el fin de aliviar la carga financiera de las personas naturales y jurídicas que contaban con créditos vigentes e incluso facilitaron líneas crediticias para individuos particulares con tratamiento preferencial, entendiendo las necesidades de liquidez existentes.

La implementación de medidas de alivio financiero respondió no solo a las vulnerabilidades derivadas de la coyuntura Covid-19, sino también a las características estructurales de cada economía, las cuales marcaron la focalización sectorial de estas ayudas para apoyar a las familias y empresas más afectadas por esta situación sin precedentes.

El análisis comparativo al cierre de mayo (para poder tener disponibilidad de la mayoría de países de la región), muestra que Colombia sobresale como el país que más créditos y personas ha atendido en medio de la emergencia, habiendo beneficiado a más de 10 millones de usuarios con 13,2 millones de créditos, superando incluso a Brasil, cuya población es cuatro veces más grande.

En proporción a la cartera bruta, Honduras, Panamá, Colombia y Perú presentan la mayor proporción de préstamos vigentes aliviados . Es importante tener en cuenta que la mayor proporción de estos alivios frente a la cartera también resultan ser el reflejo de debilidades estructurales en las economías donde, aquellas con mayores tasas de informalidad y mayor exposición a sectores terciarios como turismo y restaurantes, requieren un mayor apoyo por las afectaciones derivadas del confinamiento obligatorio. En esta línea, Honduras y Perú exhiben unas de las tasa de informalidad más elevadas de la región, con 82,6% y 69,5%7 , respectivamente. En el caso de Panamá, el sector servicios representa el 66,4% del PIB, lo que impuso también grandes retos en materia financiera, pues muchas empresas de dicho sector, con préstamos y obligaciones, se vieron fuertemente comprometidas.

Las principales medidas por parte de las autoridades y entidades financieras de la región han sido los planes de períodos de gracia, las reestructuraciones sin modificación de calificación crediticia y el diferimiento a distintas cuotas de los cánones no pagos durante el período de emergencia (Cuadro 3). Existen países que han implementado una o más de las medidas antes mencionadas y cabe resaltar que su pertinencia obedece a las necesidades de los clientes y la capacidad de pago de estos.

Entre los países que implementaron períodos de gracia se encuentra Honduras, Panamá, Colombia, Chile y Ecuador. Los períodos de gracia se han definido de tres a cuatro meses en promedio, y en el caso de las instituciones financieras chilenas algunos llegaron a los seis meses. Es de resaltar que, para el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera otorgó, en el marco de las circulares 07 y 14 de marzo de 2020, un plazo de 120 días desde la expedición de la normativa para aliviar a los clientes que no se encontraban en mora, cuando en la mayoría de los países, el plazo fue de 90 días.

La reestructuración de créditos, manteniendo la calificación crediticia del deudor beneficiado, fue otro tipo de medida que se extendió en la región. Estos se contemplaron tanto como medida paralela o complementaria a los períodos de gracia, como a los planes de diferimiento de cuotas no pagas. Las reestructuraciones se basan en cambios en los términos y condiciones iniciales de los créditos ya otorgados con el fin de aliviar la carga financiera de clientes afectados que no pueden cumplir sus obligaciones en los términos iniciales.

En Colombia se establecieron dos medidas por etapas. En una primera etapa se establecieron los períodos de gracia y en una segunda las reestructuraciones, como medida complementaria a la primera etapa. Pese a que en Colombia los períodos de gracia se ubicaron en promedio entre los tres y cuatro meses, no muy alejado de la realidad regional, se decidió complementar esta medida con un Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD) definido en la recientemente expedida circular 022 de la Superfinanciera y que busca, además de mitigar el riesgo de impago en el corto plazo, redefinir las condiciones de los créditos para mitigar también riesgos de impago a futuro.

Cabe resaltar que la complementariedad del caso colombiano no se ha observado en la experiencia regional, pues países como Panamá y Paraguay las establecieron en el mismo período de tiempo, mientras que en Colombia las reestructuraciones se pensaron como un refuerzo al finalizar los períodos de gracia ya otorgados. Así mismo, contemplan también nuevos períodos de gracia que estarán sujetos a estudio de cada entidad para favorecer el flujo de caja de los clientes que vieron afectado su ingreso con la crisis económica.

No obstante, países como Perú y Brasil contemplaron las reestructuraciones como principal mecanismo de alivio a deudores. En ambos países se enfatizó en el estudio de caso de cada cliente para garantizar la necesidad de la medida y favorecer a clientes realmente afectados. En el caso peruano, la medida solo contempló refinanciaciones por un plazo máximo de seis meses más del plazo original para deudores que se encuentren al día en sus pagos, teniendo en cuenta que la calidad de cartera en este país venía disminuyendo en los últimos años, ubicándose en 3,02%.

Finalmente, el tercer tipo de medidas fueron los diferimientos en las cuotas no pagadas durante la emergencia. En el caso de México, esta medida permitió diferir extensivamente tanto intereses como pago a capital hasta por seis meses a créditos contraídos por MiPymes y personas con actividad empresarial y tarjetas de crédito. Estas cifras muestran un claro compromiso de la banca regional por apoyar a la población más afectada y evidencian un notable desempeño de la banca colombiana en términos comparativos. Pero quizá lo más destacable es que el éxito de estas medidas se ha basado en el correcto estudio de la capacidad financiera de los clientes, pues en ningún país fue viable declarar condonaciones generalizadas o focalizadas para la cartera, pues este tipo de medidas ponen en riesgo la solvencia y estabilidad de cualquier sistema financiero, haciendo primordial aliviar a los realmente afectados por el Covid-19.

Balance de las medidas de alivio en Colombia Al corte del 15 de julio se han otorgado beneficios a 11.624.252 deudores (personas naturales y jurídicas) que corresponden a 16.406.063 créditos, equivalentes a $221,96 billones (20,89% del PIB). El 39,6% de los beneficios han sido para la cartera comercial, el 36% para la cartera de consumo, el 21,6% para la cartera de vivienda y el 2,8% para la cartera de microcrédito. En este sentido, se ha logrado aliviar cerca del 42% de la cartera bruta.

Nuevos créditos

La crisis económica frenó planes de inversión y consumo de múltiples empresas y hogares de la región. El mayor entorno de riesgos por cuenta de la vulnerabilidad financiera, el bajo flujo de caja, la incertidumbre económica y la rapidez de la propagación del virus han sido factores en contra de nuevas originaciones de crédito para todos los segmentos. No obstante, ha sido un imperativo de la política económica y monetaria garantizar liquidez y promover crédito en personas que lo requieren y que han sufrido deterioros en sus condiciones financieras. Ante esto, muchos establecimientos de créditos de la región han estructurado líneas de crédito especiales para satisfacer las necesidades de sus clientes, facilitando incluso períodos de gracia.

Ante esto, al corte de mayo, Perú y Brasil sobresalen como los países con mayor proporción de nuevos créditos como porcentaje de la cartera bruta total . Tanto los programas de garantías estatales como programas propios de las entidades han posibilitado promover créditos en la coyuntura actual. En el caso particular de Brasil, el Banco Central redujo el requisito de capital para las operaciones de crédito dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo fue alentar la asignación de recursos para estas unidades productivas, responsables de una gran parte de la producción y el empleo en este país. Para el caso colombiano, conscientes de la difícil situación de muchas empresas y las necesidades de liquidez ante la parada súbita en la producción y ventas, la banca colombiana lanzó, de manera discrecional, distintas líneas de crédito con condiciones especiales enfocadas tanto al pago de nómina como a capital de trabajo para brindar liquidez a las empresas del país afectadas por la crisis económica. Pese a que anualmente los desembolsos a  junio han disminuido a una tasa real del 19% frente al mismo período de 2019, se observa una reactivación desde el mes de junio, pues mientras en mayo se desembolsaron 19,4 billones de pesos frente a un promedio mensual de 40,5 billones en los primeros tres meses del año, ya en junio las nuevas originaciones alcanzaron 20,1 billones, sugiriendo que para los próximos meses se recuperará paulatinamente la otorgación de nuevos desembolsos.

Cabe resaltar que, con el aislamiento inteligente que ha permitido la apertura de varios sectores productivos en Colombia, el monto desembolsado desde marzo asciende a $82 billones de pesos, lo que representa cerca del 7,7% del PIB, reflejando el avance y los esfuerzos de la banca por seguir dispersando recursos en medio de un entorno de turbulencia, sin afectar la estabilidad del sector financiero. En general, para todos los países de la región, a medida que los mercados se acomodan a la nueva realidad de mayores niveles de riesgo y van teniendo efecto las políticas monetarias acomodaticias implementadas en la mayoría de los países, se esperan mejoras graduales en las originaciones de crédito.

Créditos con garantías estatales

Entre las medidas para incentivar y permitir el acceso al crédito de individuos y empresas que lo requieren, sobresalen las garantías estatales, las cuales se han ofrecido como respaldo ante un contexto de riesgos crecientes que naturalmente dificultan el acceso de algunos individuos en términos regulares. La información en este frente resulta acotada en la medida que no son muchos los países de América Latina que tengan en funcionamiento este tipo de programas de créditos con garantías estatales o no permiten el acceso a la información y seguimiento de las cifras.

De los países consultados, Colombia resalta como la jurisdicción con la mayor cantidad de beneficiarios a través de estos programas. El Gobierno ha lanzado líneas con garantías estatales a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), con el fin de canalizar recursos para promover el acceso al crédito por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas en líneas dirigidas a capital de trabajo, pago de nóminas, trabajadores independientes, microfinanzas, sectores y regiones más afectadas, y grandes empresas. Algunas de estas líneas podrán tener un plazo de hasta 60 meses con períodos de gracia de hasta un año. Cifras con corte a mayo, muestran un monto consumido cercano al 68% del cupo adjudicado. No obstante, actualmente el cupo total de las garantías se ha ampliado hasta los USD 6.298 millones de dólares, del cual existe disponibilidad de cerca del 70%.

En el caso de Perú, los programas de garantías estatales se concentran en “Reactiva Perú” y el FAE-MIPYME. El primero tiene como objetivo promover financiamiento de reposición de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo y así asegurar continuidad en la cadena de pagos, mientras el segundo programa busca garantizar el financiamiento para capital de trabajo de microempresas y pequeñas empresas que les permita superar los problemas económicos generados por el estado de emergencia adoptado ante la pandemia de Covid-19. Estos programas ofrecen garantías con coberturas entre el 90% y el 98%.

Chile también ha sido otro de los países que ha fortalecido sus esquemas de garantías en el contexto actual. Mediante su Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE), realizó la primera oferta de garantías estatales asociadas al financiamiento bancario para líneas de capital de trabajo en condiciones especiales, llamadas “líneas Covid-19” para pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, pese a que existen adelantos en materia de garantías estatales en otros países de la región, no todos las han podido implementar aún y, algunos, como Panamá, tiene en etapa de estudio dichos programas.

Conclusiones y consideraciones finales

En momentos de estrés económico como el que estamos atravesando actualmente con la crisis sanitaria, se pone a prueba no solo la capacidad de reacción contracíclica del gobierno, sino también la solvencia del sector privado. Particularmente, el sector financiero juega un papel crucial tanto por sus innumerables conexiones con los distintos actores de la economía en su rol de intermediar los ahorradores y prestamistas, como por las repercusiones que puede traer para la economía si sus niveles de capital no son adecuados para mantener la estabilidad del sistema y confianza entre los usuarios, como dejó en evidencia la crisis del 2008. Las distintas medidas de confinamiento implementadas en el mundo en aras de frenar la ola de contagios por el Covid-19 para proteger la salud de la población, han dejado un lamentable número de firmas afectadas y un récord histórico en la destrucción de empleo, afectando los ingresos de las familias, lo que ha incrementado en conjunto la probabilidad de impago de los deudores. 

El análisis aquí expuesto permite evidenciar que la ayuda de la banca colombiana en favor de la población ha sido destacada en relación con sus pares regionales, principalmente en el tema de alivios financieros y los desembolsos con garantías estatales. No obstante, este escenario sin precedentes marca grandes retos para la banca, por lo que las entidades continúan implementando estrategias que permitan identificar oportunidades de mejora, muchas asociadas a (i) agilizar los desembolsos de recursos, los cuales ya vienen mostrando repuntes desde el mes de junio, (ii) mejorar la prestación de los servicios financieros con énfasis en los canales digitales que ya desde hace algunos años contaban con grandes inversiones para su innovación, y (iii) garantizar la continua ayuda a los colombianos sin dejar de lado los análisis prudenciales para salvaguardar los recursos de los ahorradores.

Sin duda, tras cuatro meses de haber iniciado la cuarentena en el país, el balance de las medidas tomadas por el sector financiero colombiano es destacable no solo en términos comparativos, sino además porque la llegada de la pandemia se encontró con una banca sólida, con favorables indicadores de solvencia, liquidez y manejo de riesgo crediticio, lo que le ha permitido brindar una ayuda constante a los hogares y empresas más afectadas.

Finalmente, más allá de la divergencia en las políticas definidas y los resultados en la región, hay un común denominador en las medidas implementadas y es su enfoque en ayudar a la población que realmente ha presentado afectaciones producto de la pandemia. Este punto es quizá de los más relevantes en los debates sobre la actuación de la banca considerando que, dada su naturaleza de intermediación, la mayoría de los recursos prestados son de los mismos ahorradores, por lo que en ninguna jurisdicción de Latinoamérica ni del mundo se han aprobado alivios generalizados o condonaciones focalizadas, pues resultan inviables por su catastrófico efecto para la estabilidad financiera. Una estabilidad que, fortalecida en los últimos años gracias al trabajo y el compromiso continuo, se refleja hoy en una mayor resiliencia y solidez.