Una mirada al Riesgo de Crédito desde el Banco de España

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Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España

Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, banco central de ese país, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados de España, el pasado lunes 18 de mayo, expone de esta manera la importancia de la gestión estratégica  del riesgo de crédito en el impacto de la crisis sobre el sistema financiero  y la economía española:

Nos enfrentamos a una situación inédita que, desde el punto de vista del impacto económico, presenta tres características que querría destacar (…)  Estas tres características determinan las peculiaridades de la respuesta que deben dar las distintas políticas económicas. La severidad, la temporalidad y la globalidad de la perturbación demandan que, en una primera fase, las acciones de política económica sean contundentes, acotadas en el tiempo —hasta que el empleo y la actividad económica recuperen el pulso tras el proceso de hibernación inducida— y coordinadas a escala internacional.

Las políticas micro- y macroprudencial del sistema financiero deben actuar para garantizar un adecuado flujo de crédito a la economía y, a la vez, preservar la estabilidad financiera del sistema. Se trata de lograr que las entidades financieras sigan haciendo llegar el crédito a las familias y a las empresas en esta situación de crisis —permitiéndoles, por ejemplo, hacer uso de los colchones de capital acumulados en los últimos años precisamente con este objetivo—, y de evitar que el incremento del riesgo de crédito, de mercado y operativo derivado del fuerte deterioro de la actividad acabe generando problemas de estabilidad financiera.

Con todo, el desarrollo futuro de esta crisis está rodeado de un grado de incertidumbre inusualmente elevado. A día de hoy, desde el punto de vista de la salud pública, son numerosas las incógnitas sin despejar acerca de la evolución de la enfermedad en los próximos meses, lo que determinará el ritmo de normalización de nuestra vida cotidiana y, por tanto, de la actividad económica. En este sentido, con independencia de la idoneidad de las medidas de contención, cuanto mayor sea la duración de la hibernación económica, más daños sufrirá la actividad. Hemos de ser conscientes, por tanto, de que todo lo que hagamos ahora puede no ser suficiente para rescatar a la economía sin daños de magnitud considerable.

Vulnerabilidad de la economía Española

“Es importante destacar que algunas características de nuestra economía hacen que esta sea más vulnerable que las de otros países a la perturbación a la que nos enfrentamos, como la especialización sectorial de nuestro tejido productivo, el reducido tamaño medio de las empresas y el elevado grado de temporalidad en el empleo.

En primer lugar, en nuestra economía las actividades relacionadas con el sector turístico tienen un peso muy elevado en términos tanto de valor añadido como de empleo. En conjunto, las ramas de actividad más afectadas por la pandemia representan, en el caso español, alrededor del 25 % del PIB, e incluyen la hostelería, el transporte y el comercio minorista, por las limitaciones al movimiento de las personas y la suspensión de su actividad, así como otras, como la industria automovilística, por el parón de la demanda y la interrupción de las cadenas globales de suministro.

En segundo lugar, en cuanto a la estructura empresarial, España se caracteriza por un peso de las pymes comparativamente más elevado que en la mayoría de las economías del área del euro. En concreto, en 2019 el 90 % de las empresas tenían menos de diez trabajadores (frente al 75 % de Alemania). El reducido tamaño medio de las sociedades no financieras sitúa al tejido productivo español en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis del Covid-19, dado que, con carácter general, las pymes cuentan con un menor acceso a la financiación externa y unos costes fijos más elevados en proporción de la facturación.

Por último, en esta crisis de nuevo se ha puesto de manifiesto con intensidad, tal y como ha sucedido en episodios recesivos anteriores, que, cuando sobreviene una perturbación adversa, la destrucción de puestos de trabajo recae desproporcionadamente sobre los asalariados temporales.

Proyección de afectación de PIB español

En concreto, en los dos escenarios que, de entre los publicados recientemente por el Banco de España, parecen más realistas en estos momentos, una vez descartado aquel que proyectaba una recesión más breve y moderada, el PIB caería un 9,5 % y un 12,4 %, respectivamente, en 2020 (y experimentaría incrementos posteriores del 6,1 % y el 8,5 % en 2021). Cabe señalar que las cifras del primero de estos escenarios no difieren significativamente de las que han dado a conocer otras instituciones, tanto nacionales y supranacionales como públicas y privadas. Así, por ejemplo, el Gobierno español, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea han proyectado recientemente retrocesos de nuestra economía del 9,2 %, el 8 % y el 9,4 % para 2020, respectivamente.

El impacto de la crisis sobre el sistema financiero  y el Riesgo de  Crédito

El severo impacto de la pandemia sobre la actividad económica comporta consecuencias relevantes en muchos frentes. Uno de ellos es el de la estabilidad financiera.  En el caso concreto de las entidades bancarias, la disrupción de la actividad está intensificando los riesgos de crédito, de mercado y operacional.

En efecto, la pandemia ha hecho que aumente de modo sustancial el riesgo de crédito. Este es, en particular, el caso de las exposiciones crediticias frente a las sociedades no financieras, que han visto cómo se reducían sus ingresos, inicialmente a consecuencia del cierre de actividades productivas y, posteriormente, como resultado de la menor demanda de sus productos. A este respecto, hay que tener en cuenta que, aunque esta crisis afecta a todas las ramas de actividad, lo hace de forma asimétrica. Por este motivo, la afectación de la cartera crediticia de cada entidad depende de su composición sectorial y, por tanto, también de su presencia en los distintos territorios.

La pandemia supone, asimismo, un aumento del riesgo de crédito de los hogares, como consecuencia de la destrucción de empleo principalmente. La experiencia histórica muestra que, ante caídas de renta de los hogares, la morosidad de los créditos al consumo tiende a aumentar con cierta rapidez. Este es un tipo de préstamos que, además, ha venido creciendo a tasas muy elevadas en los últimos años. Desde el punto de vista del conjunto del crédito a hogares, este elemento de riesgo se ve parcialmente mitigado por el componente hipotecario, para el que la evidencia disponible indica que los impagos tienden a producirse pasado un tiempo desde que tiene lugar el shock inicial cuando sus efectos persisten en el tiempo. Por ello, si efectivamente se verifica que la crisis tiene una naturaleza temporal, cabe esperar que este último componente de crédito sufra tasas de mora más moderadas.

Pero los riesgos que se derivan de la actual crisis para la estabilidad financiera no se agotan con los que proceden del crédito. Por un lado, el Covid-19 ha aumentado el riesgo de mercado, como consecuencia de la caída de los precios de los activos financieros que las entidades tienen en sus balances. Además, también se han acrecentado los riesgos operativos, en la medida en que la adaptación a las restricciones a la movilidad y al trabajo en remoto ha debido hacerse en un espacio de tiempo muy corto, lo que puede dar lugar, en algunos casos, a vulnerabilidades en las infraestructuras tecnológicas. Hasta ahora, las entidades han conseguido adaptarse de forma efectiva a la situación y los mercados La pandemia supone, asimismo, un aumento del riesgo de crédito de los hogares, como consecuencia de la destrucción de empleo principalmente. La experiencia histórica muestra que, ante caídas de renta de los hogares, la morosidad de los créditos al consumo tiende a aumentar con cierta rapidez. Este es un tipo de préstamos que, además, ha venido creciendo a tasas muy elevadas en los últimos años. Desde el punto de vista del conjunto del crédito a hogares, este elemento de riesgo se ve parcialmente mitigado por el componente hipotecario, para el que la evidencia disponible indica que los impagos tienden a producirse pasado un tiempo desde que tiene lugar el shock inicial cuando sus efectos persisten en el tiempo. Por ello, si efectivamente se verifica que la crisis tiene una naturaleza temporal, cabe esperar que este último componente de crédito sufra tasas de mora más moderadas.

Pero los riesgos que se derivan de la actual crisis para la estabilidad financiera no se agotan con los que proceden del crédito. Por un lado, el Covid-19 ha aumentado el riesgo de mercado, como consecuencia de la caída de los precios de los activos financieros que las entidades tienen en sus balances. Además, también se han acrecentado los riesgos operativos, en la medida en que la adaptación a las restricciones a la movilidad y al trabajo en remoto ha debido hacerse en un espacio de tiempo muy corto, lo que puede dar lugar, en algunos casos, a vulnerabilidades en las infraestructuras tecnológicas. Hasta ahora, las entidades han conseguido adaptarse de forma efectiva a la situación y los mercados financieros han seguido funcionando correctamente, pero es necesario extender los planes de contingencia ante los posibles eventos operativos extremos que puede ocasionar esta crisis.

En todo caso, es importante subrayar que el sector privado no financiero español afronta esta situación con una posición financiera más favorable que la que tenía antes de la crisis financiera global. La situación patrimonial del conjunto del sector de hogares ha experimentado una mejora significativa tras la crisis financiera global. En concreto, desde 2010 se ha producido una caída de casi 30 pp del PIB en su ratio de endeudamiento.

En el caso de las sociedades no financieras, su nivel de endeudamiento neto sectorial se ha reducido en más de 45 pp del PIB desde 2010 y, de hecho, se ha situado por debajo del promedio del área del euro. Además, el sector dispone ahora de un volumen mayor de activos líquidos.

En el caso de las sociedades no financieras, su nivel de endeudamiento neto sectorial se ha reducido en más de 45 pp del PIB desde 2010 y, de hecho, se ha situado por debajo del promedio del área del euro. Además, el sector dispone ahora de un volumen mayor de activos líquidos.

En paralelo, el sector bancario español también ha registrado avances significativos en la calidad de su balance y en sus niveles de solvencia en la última década, lo que le coloca en una mejor situación para absorber esta crisis y para seguir facilitando la financiación que la economía precisa. En lo que respecta a la calidad del balance, la tasa de mora se ha reducido en unos 9 pp desde que en 2013 alcanzara su máximo, hasta el 4,8% en el primer trimestre de 2020. Además, en ese mismo período las refinanciaciones han reducido su peso en el activo en 9 pp. Finalmente, el peso del crédito a la construcción y la promoción inmobiliaria, que llegó a representar el 27 % del total del crédito al sector privado no financiero, se sitúa ahora en torno al 10 %.

En cuanto al nivel de solvencia, la banca española ha incrementado su capital ordinario, conocido como “Tier 1”. Este ha pasado de 158 mm de euros en 2007 a 215 mm en la actualidad, lo que supone un aumento algo superior al 35 %. En términos del total del activo, el avance ha sido de 1 pp entre esas fechas, hasta alcanzar un 5,8 %. Este aumento del capital ha supuesto una notable ampliación de la capacidad de absorción de las pérdidas que aparecerán como consecuencia del crecimiento de la morosidad que causará la crisis.

Casi la mitad de ese montante total de capital adopta la forma de colchones por encima del mínimo regulatorio, que pueden ser liberados, como desarrollaré más adelante, como parte de la respuesta prudencial a la crisis en caso de que fuera necesario. Ese importe —unos 90 mm de euros— podría cubrir un volumen de pérdidas equivalente a casi dos veces el volumen actual de crédito dudoso existente en el sistema, esto es, aproximadamente, un 8,2 % del total del crédito al sector privado residente.

Por otra parte, como señalé con anterioridad, los riesgos para la estabilidad financiera se han visto mitigados por las distintas medidas de política económica adoptadas. En particular, estas medidas deberían permitir una evolución más benigna de la morosidad a través del apoyo directo a la situación financiera de las empresas y familias y del estímulo macroeconómico. Además, la mencionada capacidad de absorción de pérdidas por aumento de la morosidad se ve reforzada cuando se toma en consideración el efecto positivo de las moratorias crediticias y del programa de avales a empresas aprobados por el Gobierno, al que luego me referiré. En el caso de las moratorias temporales habilitadas tanto por las autoridades como por la propia banca, éstas deberían facilitar que las familias que se están viendo más afectadas por la crisis puedan afrontar este más periodo crítico con más tranquilidad. Al mismo tiempo, permiten una cierta contención de la mora a corto plazo y, previsiblemente, también en fases posteriores, siempre que parte de estos hogares más vulnerables puedan recuperar paulatinamente sus rentas habituales.

Por cada 1pp que caiga  el PIP se aumentaría el ratio de morosidad en 0,7 pp

En todo caso, es preciso realizar tres matizaciones sobre la situación general del sector financiero y el impacto potencial de esta crisis sobre él.

En primer lugar, las cifras del retroceso del PIB en 2020 recogidas en los escenarios macroeconómicos que anteriormente he esbozado supondrían la mayor contracción económica en España en un solo año de la historia reciente. También superan los supuestos de cualquier prueba de estrés del sector bancario realizada en el pasado. Esto dará lugar a un aumento de la ratio de morosidad, aunque de magnitud todavía incierta. Según las estimaciones del Banco de España, una caída del PIB de 1 pp ha dado lugar, en el promedio histórico, a un aumento de la ratio de morosidad de 0,7 pp. Ahora bien, la magnitud del retroceso del producto que se proyecta en este momento es muy elevada, lo que podría dar lugar a un efecto proporcionalmente mayor.

Es cierto también que, si se materializara el repunte de la actividad en 2021 proyectado en los escenarios publicados tanto por el Banco de España como por otras instituciones, se mitigaría de forma significativa la fuerte caída del PIB de 2020. Esto permitiría una mejora de la calidad crediticia de los acreditados bancarios y una evolución más favorable de los precios de los activos que sirven de garantías a los préstamos, lo que, a su vez, limitaría de forma considerable las pérdidas efectivas. En este sentido, los resultados de los ejercicios de estrés realizados hasta la fecha muestran que, si tras un período de desaceleración de la actividad económica el ritmo de recuperación es rápido, es menos probable que se produzca un deterioro muy marcado de la solvencia agregada del sistema bancario.

En segundo lugar, bajo las anteriores consideraciones sobre la situación agregada del sistema se esconde una elevada heterogeneidad. Ello se debe, principalmente, a que las posiciones de partida, en términos de recursos propios y calidad crediticia, son ya de por sí divergentes. En el mismo sentido, en el caso de los hogares y las empresas no financieras también persisten algunos segmentos en situación de elevada fragilidad financiera. Por ejemplo, en el caso de las empresas, las de menor tamaño presentan una mayor vulnerabilidad a un escenario de caída de los ingresos. Pero, además, en una crisis, como la actual, en la que —como he apuntado— la pandemia está afectando de un modo diferente a distintas regiones y sectores de actividad, cabe esperar que el deterioro de la solvencia de las entidades dependa de su grado de exposición a estas.

En tercer lugar, la materialización de pérdidas en la cartera crediticia como consecuencia de la pandemia tendrá un efecto directo sobre la rentabilidad del sector bancario, algo que apuntan los avances iniciales de resultados de las entidades significativas para el primer trimestre de 2020. Esta variable ya era reducida incluso antes del estallido de la crisis: como en la mayoría de las economías europeas, la rentabilidad de las entidades financieras de nuestro país se situó, en promedio, por debajo del coste de capital el pasado año. La crisis ha hecho que este diferencial haya tendido a ampliarse.

La crisis del Covid-19 tendrá un impacto negativo sobre la ya de por sí modesta capacidad de generación de resultados de las entidades. Como en el caso de la solvencia, afectará de forma diferenciada a las distintas entidades en función de su modelo de negocio y de la distribución de sus exposiciones a los sectores y las geografías más afectados por la pandemia. Además, la crisis ha reforzado las perspectivas de mantenimiento del escenario actual de tipos de interés reducidos, lo que tenderá a presionar a la baja en el futuro el margen de intermediación de las entidades españolas, que, dado su tipo de actividad, constituye el principal componente de su cuenta de resultados.

La política fiscal como principal mecanismo de defensa del Riesgo de Crédito

En este contexto, la política fiscal se ha configurado de forma natural como la primera línea de defensa. Esta perturbación exige dar apoyo a las rentas y a la liquidez de los agentes más afectados, mediante inyecciones rápidas de recursos de naturaleza transitoria y focalizada hacia aquellos agentes que necesitan de manera prioritaria este tipo de apoyo, finalidad para la que la política fiscal es la herramienta más adecuada.

En España, en el caso de los hogares, esto se ha traducido, principalmente, en que las medidas de ajuste temporal del empleo que muchas empresas han realizado no se hayan trasladado a una pérdida completa de ingresos. Al mismo tiempo, se han dispuesto medidas para aliviar la situación de las familias más vulnerables a través de varios instrumentos, como las ya mencionadas moratorias de créditos bancarios, las relativas a la protección de los hogares en régimen de alquiler, las garantías para el mantenimiento de algunos suministros básicos y la activación de determinadas ayudas directas a los colectivos más desfavorecidos.

Por lo que respecta a las empresas, además de aligerar sensiblemente las cargas derivadas de los costes salariales y las cotizaciones sociales durante la duración del estado de alarma, se ha inyectado liquidez mediante el aplazamiento del pago de algunas obligaciones tributarias, al tiempo que se han habilitado medidas para posponer los pagos derivados del alquiler de locales de uso empresarial. Y, al mismo tiempo, la puesta en marcha del programa de avales públicos a créditos concedidos por entidades financieras por un importe muy elevado supone una palanca muy potente para que las empresas puedan financiar sus necesidades de liquidez. Este programa limita el riesgo de que desaparezcan y preserva, por tanto, el tejido productivo para el momento en que se vayan levantando las restricciones a la actividad introducidas como consecuencia de la pandemia.

El papel del sistema financiero en la superación de la crisis  y la calificación crediticia  

En paralelo a la estrategia multidimensional de las políticas económicas para afrontar la crisis, las entidades financieras deben contribuir también a mitigar los efectos adversos sobre los distintos agentes de la economía. El objetivo en este ámbito es que los bancos estén en condiciones de proporcionar financiación a los agentes que antes de la pandemia presentaban un historial de pago favorable, pero que, tras ella, se enfrentan a necesidades sobrevenidas de liquidez. Como he descrito antes, las entidades bancarias cuentan ahora con niveles de solvencia mayores que en la crisis anterior, lo que debe ayudarles a desempeñar un papel activo destacado en este contexto.

Para que el sistema financiero pueda contribuir a la superación de la crisis, las distintas autoridades nacionales e internacionales con competencias prudenciales —entre las que se incluyen el Banco de España, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea— han adoptado algunas decisiones orientadas a evitar que una interpretación mecanicista de las normas vigentes que tienen que cumplir las entidades lleve a que estas reduzcan la concesión de crédito justo en el momento en que este es más necesario.

Estas decisiones afectan a dos ámbitos diferenciados. Por un lado, se clarifican algunos aspectos de la aplicación de la normativa contable vigente para el cálculo del riesgo de crédito; por otro, las mencionadas autoridades han dictaminado que las entidades puedan hacer un uso efectivo de los colchones de capital disponibles para absorber pérdidas inesperadas.

En concreto, el objetivo de la clarificación de la normativa contable es impedir que los eventuales retrasos temporales de los prestatarios en la devolución de los créditos reciban el mismo tratamiento que si se tratara de un deterioro permanente en la calidad de los préstamos. Esto último conduciría a un ajuste instantáneo y abrupto de las calificaciones crediticias y, por tanto, a un aumento de las provisiones requeridas, que, en último término, llevarían a un ajuste a la baja en el crédito concedido por las entidades. Como contrapartida, es necesario evitar que un mal uso de esta flexibilidad conduzca a prácticas contables inadecuadas que se traduzcan en una demora en el reconocimiento del deterioro efectivo de la calidad de algunas exposiciones crediticias.

En el segundo de los dos ámbitos mencionados, el Banco de España ha trasladado a todas las entidades que supervisa directamente las distintas medidas de alivio de los requerimientos de capital y liquidez introducidas por las distintas autoridades macro- y microprudenciales y de resolución.

Además, el Banco de España ha recomendado a las entidades que están bajo su supervisión la eliminación temporal del reparto de dividendos y la aplicación de criterios prudentes en la retribución variable a los empleados, con el objetivo de canalizar los recursos que generen las propias entidades hacia el refuerzo de sus posiciones de capital.

Todas estas actuaciones, junto con las relacionadas con la provisión de liquidez por parte del BCE, han de ayudar a que la banca pueda resistir mejor los embates de esta crisis y operar como una palanca activa para su pronta superación. Y ya existen muestras de que, efectivamente, esto está siendo así. Las medidas de contención adoptadas para frenar el contagio del Covid-19 están suponiendo un descenso muy intenso de los ingresos de muchas empresas no financieras, lo que ha incrementado significativamente sus necesidades de liquidez, que están cubriendo en una proporción significativa mediante el recurso a la financiación bancaria. En efecto, los datos más recientes, correspondientes al mes de marzo (todavía provisionales), evidencian un repunte interanual algo superior al 50 % del flujo de nuevo crédito concedido por las entidades bancarias a las empresas. Esto incluye tanto las nuevas operaciones como los incrementos en las disposiciones de principal de operaciones formalizadas con anterioridad (que casi se han duplicado).

Esta demanda de financiación ha podido ser atendida en mejores condiciones gracias, por un lado, a las medidas de apoyo del BCE a la financiación bancaria, que han facilitado la obtención de fondos por parte de las entidades bancarias en condiciones favorables, y, por otro, al programa de avales públicos a los préstamos a empresas aprobado por el Gobierno, que ha mitigado la posible reticencia de estos intermediarios a incurrir en mayores riesgos en un contexto de elevada incertidumbre y de preocupación creciente por los riesgos de crédito. Así, con los datos publicados hasta el 13 de mayo, las operaciones totales formalizadas al amparo del programa de avales públicos ascienden a 371.070, de las que el 98% corresponden a PYMES y autónomos. El importe de avales solicitados asciende a 36.291 millones de euros, que han permitido movilizar recursos a través de nuevos préstamos y otras modalidades de financiación por 47.751millones de euros, lo que implica un grado medio de cobertura con la garantía pública del 76 % del montante de estas operaciones.