PALABRAS DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA, JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ, EN LA 55ª CONVENCIÓN BANCARIA
“Reencuentro en medio de enormes desafíos para una reactivación con propósito”
En nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia quiero extender un saludo especial al Gerente General del Banco de la República, Doctor Leonardo Villar, así como a los codirectores de la Junta Directiva y demás colegas del Banco de la República.
Igualmente, quiero saludar y agradecer al Doctor Jaime Alberto Upegui, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria, y al Doctor Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, por los esfuerzos encaminados a realizar de nuevo esta importante Convención, en la que hoy nos damos cita para reflexionar no sólo sobre las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y su manejo, sino también para sentar las bases de la construcción colectiva de un entorno sostenible que asegure una reactivación con propósito en la que el sistema financiero sea protagonista.
Así mismo, envío un saludo a todos los honorables senadores y representantes a la Cámara que se encuentran presentes, a las directivas y funcionarios de las entidades del sistema financiero, asistentes y amigos de los medios de comunicación.
No resulta una coincidencia que hace 20 años en este mismo escenario, luego de lo que en aquel entonces considerábamos la crisis más fuerte experimentada por el sistema financiero, autoridades, industria y Gobierno analizaran propuestas y alternativas retadoras para lograr lo que, en su momento, se denominó como “el compromiso con la reactivación”.
En dicha oportunidad, los ejes temáticos de la discusión giraron en torno a tres elementos: i) supervisión bancaria, ii) fortalecimiento patrimonial y iii) seguridad y rentabilidad de la banca. Sin duda, discusiones necesarias y fundamentales que le permitieron al país dar los primeros pasos en la consolidación de estrategias de desarrollo y modernización de su economía, gracias a las cuales hoy podemos reunirnos con la satisfacción de haber logrado gestionar una crisis sanitaria sin precedentes con efectos económicos profundos a nivel global y en la que el sistema financiero y sus consumidores fueron líderes de la resiliencia.
Bajo este contexto resulta apenas natural y necesario resaltar los elementos que hicieron posible esta transición, no con el objetivo de generar complacencias que pueden cegar nuestro norte, sino con el propósito de reconocer la necesidad de salvaguardarlos como herramientas efectivas de gestión de crisis para los problemas del futuro, y así concentrarnos en lo que realmente es más importante: la consolidación de oportunidades para un mañana en donde todos tengamos un lugar.
Un mañana en el que las velocidades de la transformación superan la capacidad de adaptación y requieren decisiones ágiles, creativas y prudentes para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Un mañana que nos exige pensar en la masificación de los servicios financieros de calidad y que, como nunca antes, demanda acciones concretas y urgentes para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación para responder a ellos.
Con esta breve introducción, quisiera compartir cuatro reflexiones sobre temas que desde mi perspectiva revisten de gran importancia.
I.La institucionalidad, como el oro, se prueba en el fuego
Toda mi vida profesional he servido al país desde la Superintendencia, donde me inculcaron el gran valor de la institucionalidad. Hoy más que nunca estoy convencido de la importancia de salvaguardar la independencia y el criterio técnico de las autoridades económicas y financieras, pues han sido y serán los pilares fundamentales en la construcción de la credibilidad, confianza y adecuado funcionamiento de nuestra economía. No es un mero formalismo el juramento que hacemos cuando nos posesionamos de cumplir y hacer respetar la Constitución y la ley.
Si bien para muchos de ustedes esta reflexión puede lucir obvia, lo cierto es que, como lo señaló Randal Quarles de la Reserva Federal en su discurso sobre Estabilidad Financiera y Coordinación en Tiempos de Crisis: “Los acontecimientos vividos el año pasado fueron lo más cercano al caos”. La incertidumbre derivada de la inmediatez en la adopción de estrategias para contener la propagación del virus, sus efectos en el comportamiento de las personas y en la forma como tradicionalmente operábamos demandó una reacción inmediata de las autoridades; un reto en el que debimos conjugar velocidad, pertinencia, efectividad y sostenibilidad de las decisiones.
Durante esta coyuntura y en medio de tanta incertidumbre, muchos nos consideramos epidemiólogos, médicos, economistas, financieros, con títulos obtenidos en 140 caracteres, pero todos con el buen propósito de querer ayudar.
Recibimos, entonces una gran cantidad de iniciativas para hacer frente a la situación, la gran mayoría bien intencionadas, otras no tanto, pero cuyo elemento común fue el desconocimiento y la desinformación, haciendo bastante tentador caer en la adopción de supuestos esquemas “exitosos” para la gestión de la crisis, pero absolutamente insostenibles.
Bajo este panorama, la institucionalidad y el concepto técnico revelaron su grandeza: constituirse en anclas que aseguraran que, en buenos tiempos, pero sobre todo en los malos tiempos, el país encontrará en las autoridades financieras el conocimiento, la información y la sensibilidad realista para adoptar y articular estrategias integrales, efectivas y viables para preservar el orden público económico.
Es así como hace 18 meses, en medio de la adaptación a un nuevo esquema de trabajo, nos dimos a la tarea de rediseñar el modelo operativo de supervisión, asegurando mantener su proporcionalidad y garantizando su continuidad a pesar de los permanentes ajustes que, en virtud de esta coyuntura, a diario exigían esfuerzos de monitoreo y seguimiento.
También debimos focalizar nuestros esfuerzos en el análisis e implementación de medidas en los que las discusiones técnicas, el análisis de impacto, la retroalimentación permanente con los miembros de la Red de Seguridad Financiera nos permitió, en el marco de nuestras respectivas competencias, adoptar estrategias conducentes a mitigar los efectos económicos de la pandemia desde una perspectiva humana y financiera.
En ese contexto logramos asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de las entidades y el sistema de pagos, proteger el canal crediticio y, por supuesto, vincular acertadamente al sistema financiero en la implementación de los programas de atención a los más afectados, evitando a toda costa una sobrerreacción regulatoria incoherente y desordenada que generara brechas, arbitrajes y mayor incertidumbre.
II.Una estrategia basada en la empatía, la flexibilidad y la firmeza
A diferencia de un escenario en donde los esfuerzos del supervisor se hubieran podido concentrar exclusivamente en buscar salidas ordenadas a entidades en problemas, lo que típicamente se haría en una crisis financiera, durante la pandemia, la capacidad y resiliencia de las entidades permitieron mantener inalterados los estándares prudenciales, facilitando que la Superintendencia dispusiera sus capacidades en la definición de medidas pensadas en apoyar a las personas, hogares y empresas bajo el concepto de la empatía que no es nada diferente a ponernos en los zapatos del otro.
La implementación de las medidas de las Circulares 007 y 014 permitieron a cerca de 11,7 millones de deudores contar con un tiempo de acomodación para continuar atendiendo sus obligaciones y nos brindó el espacio suficiente para decantar sus nuevas realidades y reconocer en ellos la naturaleza atípica y no intencionada de su potencial deterioro.
Sea también esta la oportunidad para resaltar el esfuerzo y el compromiso de los deudores quienes – pese a la persistencia del fenómeno y sus efectos -, reaccionaron adecuadamente a las flexibilidades regulatorias y continuaron atendiendo adecuadamente sus obligaciones.
Aun cuando este balance era positivo, fue necesario considerar medidas adicionales para aquellos deudores que a pesar de haber hecho incontables esfuerzos para mantener a flote sus negocios y conservar sus empleos, no lograron en el tiempo previsto proteger su fuente de ingreso. Para ellos pudimos generar una alternativa complementaria y estructural que les diera la facilidad de conservar su hábito de pago bajo unas nuevas condiciones crediticias a través del Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD -1, que al finalizar su vigencia en agosto de este año logró cobijar a 2,2 millones de personas naturales y jurídicas con un saldo de cartera de 37 billones de pesos.
Siempre tuvimos muy presente que detrás de estas estadísticas estaban familias, emprendedores, trabajadores independientes y empresas que luchaban por recuperar y proteger sus fuentes de ingreso y preservar su vida crediticia, que valoraron una relación construida con las entidades a lo largo del tiempo y sobre la cual existe la confianza mutua para seguir reactivándose. También fue muy acertado lo que se hizo.
Prueba de ello es que el 87,3% de la cartera bajo este programa se encuentra al día en sus obligaciones, respondiendo de forma positiva al estímulo regulatorio sin que se afectara su perfil de riesgo, calidad crediticia y sobre todo, manteniendo vigente la posibilidad de acceder a nueva financiación, determinante en este cambio de ciclo de reactivación.
Si bien la flexibilidad y proporcionalidad eran condiciones inherentes a esas medidas, para muchas voces representaba un relajamiento prudencial que atentaría contra la estabilidad y podría generar una subestimación del riesgo de crédito de la cartera en Colombia, recordando los problemas de impagos de obligaciones de finales de los años 90, sin embargo, la ruta estaba definida:
- Manteniendo inalterados los cronogramas de implementación de los principales estándares prudenciales como el marco de capital de Basilea III y el Coeficiente de Fondeo Estable Neto
- Requiriendo a las entidades la actualización del perfil de riesgo de los deudores a más tardar en noviembre de 2020.
- No flexibilizando el esquema de provisionamiento individual, el cual, por el contrario, se fortaleció de manera preventiva y sin ser procíclicos en cerca de 8,6 billones de pesos2, manteniendo así una cobertura de 152,5%3.
- Promoviendo el fortalecimiento patrimonial en cerca de un 36%4, representado en 33 billones desde diciembre de 2019.
Si bien la cartera de créditos era a todas luces el activo sobre el cual se proyectaban las mayores amenazas, simultáneamente nos correspondió reconocer el acelerado fenómeno de digitalización de los servicios financieros que ocurría frente a nuestros ojos.
En los últimos años recorrimos un camino para la digitalización de la banca mediante la implementación de diferentes iniciativas como, por ejemplo, el uso de computación en la nube para la prestación de servicios financieros y procesos críticos, la mejora en la interoperabilidad de los sistemas de pago mediante la adopción del estándares en los códigos QR, la identificación biométrica como mecanismo de autenticación, la introducción de estándares de seguridad aplicables a las pasarelas de pago y, quizás el más importante, la gestión del riesgo de ciberseguridad.
Bajo este contexto, y apoyados en la capacidad y madurez alcanzada por las entidades en materia de resiliencia, ciberseguridad y desarrollo digital, la Superintendencia implementó medidas que aseguraran a los consumidores la
disposición de sus recursos sin mayores contratiempos dentro de la situación, a través de los canales digitales e incluso canales presenciales en casos excepcionales permitidos por las autoridades sanitarias bajo los estrictos protocolos de bioseguridad requeridos.
Como resultado de la labor de las autoridades y de las entidades, la disponibilidad de los canales digitales se mantuvo permanentemente sobre el 99,95%, las transacciones por internet y banca móvil crecieron 105% y se movilizaron cerca de 5.726 billones de pesos. Estos grandes números son parte del reflejo de una nueva realidad económica en donde los negocios y emprendimientos encuentran en el comercio electrónico la alternativa para prosperar, siendo las entidades, el sistema de pagos y el ecosistema fintech las soluciones transaccionales que apalancan y potencian sus ventas desde la pandemia.
De forma paralela vimos cómo los ahorros del público depositados en cuentas corrientes y de ahorros aumentaron en cerca del 7% aproximadamente durante el aislamiento. Igualmente se tuvo acceso permanente por parte de las personas a sus recursos, adquiriendo bienes y servicios a través de canales digitales. Incluso vimos cómo los adultos mayores recibieron sus mesadas pensionales a través de canales no presenciales.
Estos son resultados positivos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la forma en que se ha hecho frente a la crisis, además de ser necesario reconocer el esfuerzo que han hecho tanto deudores, ahorradores y entidades del sistema financiero que, lejos de generar o profundizar una crisis económica, han sido protagonistas de la solución de algunos de los problemas más relevantes derivados de la pandemia.
El sistema financiero lo hemos construido y fortalecido entre todos: autoridades, entidades y consumidores. Son estos últimos quienes nos retan a continuar decididamente promoviendo el desarrollo financiero, la innovación, la seguridad y estabilidad con miras a lograr una mayor y mejor inclusión en la que la diversidad nos exige pensar en los demás, entender y atender sus necesidades y a reconocer que al impactar positivamente su calidad de vida estamos fortaleciendo las bases para, no solamente impulsar la reactivación económica que hoy necesitamos, sino para cerrar las brechas que siguen siendo un obstáculo para impulsar nuestro verdadero crecimiento.
Es precisamente en esta línea en la que quisiera hablar sobre la recuperación de la senda de crecimiento sostenible de la cartera de créditos. En diferentes escenarios me he referido a la necesidad de “mover la frontera del riesgo”, lo que puede lucir como una invitación osada de un supervisor, justo en un momento en donde las medidas de ajuste macroprudencial y la necesidad de impulsar el crédito parecieran contrarias.
La verdad es que es un reconocimiento a los avances en materia de gestión de riesgos, fortalecimiento patrimonial, marco de supervisión, estándares de liquidez y perspectivas económicas que, en su conjunto, permiten afirmar que contamos aún con un espacio en donde las condiciones permiten promover el acceso a nuevas fuentes de financiación.
No en vano las entidades han profesionalizado la función de riesgos y han fortalecido su capital. A su vez, los desarrollos tecnológicos ponen a disposición de la industria nuevas y disruptivas formas de gestionar y analizar la información para identificar el perfil de riesgo de los deudores, así como para diseñar nuevos mecanismos de financiación.
Tampoco es coincidencia que cada vez veamos más actores alternativos que buscan suplir la demanda de crédito sin desconocer que los recursos captados del público son y seguirán siendo sagrados.
La Superintendencia Financiera continuará acompañando las iniciativas tendientes a promover desarrollos como el score alternativo, crédito digital, crédito de bajo monto y la rehabilitación ordenada de los deudores castigados. Adicionalmente, sentará las bases para la transición alineada al estándar IFRS 9 en materia de revelación y cuantificación del deterioro.
III.Inclusión financiera que reconozca la realidad de nuestra sociedad
Debo confesar que, estudiando los mensajes que como Superintendente traería a este foro, tuve una confrontación personal. Hace dos años señalaba la necesidad de contar con un sistema financiero al que “perteneciéramos todos”, en el que la tecnología fuera nuestro aliado y la educación financiera preparara el camino para aumentar el uso de los productos financieros.
La pandemia distorsionó y probablemente retrasó parte de las estrategias de inclusión trazadas, algunas otras se aceleraron. También hizo evidente la importancia de tener una población incluida financieramente y un sistema financiero con capacidad de proveer un acceso ágil a los productos de ahorro y crédito.
Los resultados reflejados por un índice de inclusión del 87,8% en el 2020 confirmaron que la articulación coherente y cuidadosa entre las políticas públicas y la capacidad instalada de las entidades es fundamental para impulsar la bancarización.
Sin embargo, también salieron a flote realidades que no podemos desconocer y sobre las cuales necesitamos adoptar medidas contundentes en aras de consolidar la confianza y mejorar la experiencia del cliente. Me referiré a 4 de las que consideramos más relevantes:
La primera fue un marcado desconocimiento de la oferta de servicios financieros formales disponible, así como sus costos y facilidades para acceder a ellos, generando una reticencia infundada en su uso.
La segunda tiene que ver con la insuficiente o inexistente educación financiera. En especial fueron notorias las asimetrías en el entendimiento de los productos financieros adquiridos, lo cual no sólo generó un aumento en las inconformidades de los consumidores del orden de 29%5, sino que, su vez, se constituyó en un riesgo para la salud de las finanzas de los hogares y las empresas.
La tercera fue el flujo de información asimétrica y confusa para los consumidores que provino de diferentes fuentes. Sin duda, las redes sociales y su capacidad para influenciar en el comportamiento de las personas fue una de las principales. No podemos pasar por alto las debilidades evidenciadas en la comunicación entre las entidades y los consumidores, muchas asociadas a la creciente demanda de atención que sobrepasó su capacidad instalada y la ausencia de una estrategia de comunicación articulada entre las áreas comerciales y de atención al cliente. No es coincidencia que alrededor del 12%6 de las inconformidades en el 2020 se refieran a este motivo, siendo el segundo más recurrente.
La cuarta realidad se refiere a la evidente necesidad de adaptar los procesos operativos para reconocer situaciones excepcionales. Elementos aparentemente tan sencillos como la generación de extractos y la adecuación de los planes de pago resultaron ser un desafío operativo de alta complejidad que, en muchos casos, agudizó la incertidumbre de los deudores sobre el estado real de sus obligaciones.
Si bien hoy se habla de que la pandemia profundizó brechas de género y ruralidad, es claro que la inclusión financiera, lejos de ser una tendencia pasajera, seguirá siendo un eje fundamental de nuestra agenda de trabajo.
Estamos seguros de que las metas que nos tracemos deben tener un enfoque fundamentado en una realidad social que está transformando nuestro país y en la necesidad de encontrar espacios comunes que integren exitosamente la experiencia, capacidad y solidez de la industria financiera con los modelos de negocio emergentes y disruptivos. Estos últimos están apoyados en tecnologías y en el reconocimiento de necesidades puntuales de los consumidores y han logrado posicionarse como proveedores de soluciones financieras para los colombianos.
En este punto vale la pena resaltar que también hace parte de la estrategia de la Superintendencia ampliar el número y tipo de agentes en la oferta de productos y servicios financieros, la cual también presenta una dinámica bastante positiva en la entrada de nuevos jugadores al sistema financiero. Durante 2020 y lo corrido de 2021 hemos avanzado en autorizar la constitución de 20 nuevas entidades financieras7, cuya operación tendrá un impacto favorable en la profundización financiera de nuestro país.
VI.Cambio climático: más allá de una declaración, un compromiso que necesita resultados concretos
No podría dejar de mencionar una de las crisis más apremiantes a la que nos vemos enfrentados como humanidad: el cambio climático, especialmente en esta semana que se celebra la COP26, el evento más importante de política ambiental a nivel global.
El reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es contundente en señalar que el calentamiento global es inequívoco y se evidencia en el aumento de las temperaturas medias mundiales, el deshielo generalizado y el incremento del nivel del mar.
El informe también recalca que es muy posible que la mayoría de los incrementos registrados en las temperaturas desde mediados del siglo XX se deban a la mayor concentración de gases de efecto invernadero causado por la influencia humana.
La crisis del COVID-19 nos confrontó con una realidad de la que no éramos conscientes: la ocurrencia de eventos de alto impacto e incierta duración con consecuencias profundas y estructurales para la humanidad, que requirió la reacción y coordinación de diversos actores locales e internacionales para contener sus efectos.
Pensemos ahora en un nuevo escenario en el que nos enfrentamos a un poder sin precedentes: la naturaleza. Un escenario en el que la magnitud de los efectos desencadenantes, probablemente más devastadores e irreversibles que los que acabamos de vivir, dependerá de las acciones que adoptemos individualmente y como sociedad.
Este es un momento histórico en el que cada vez más gobiernos incorporan la sostenibilidad como parte de sus medidas de recuperación económica.
Los responsables de la formulación de política ambiental están diseñando acciones para responder a los graves eventos catastróficos. Por su parte, los bancos centrales, los reguladores y supervisores financieros están impulsando reformas significativas que resaltan el rol clave que juega el sistema financiero en este importante reto.
Colombia se ha convertido en un líder entre los mercados emergentes con el reciente cambio frente a la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que pasó de ser del orden del 20% a 51% para 2030, una de las más retadoras de la región.
Este liderazgo también se evidencia en el sistema financiero. Desde 2018 hemos venido trabajando en la Superintendencia Financiera un ambicioso plan que complementa los importantes logros que ha tenido la banca desde el Protocolo Verde. El plan se ha centrado en cuatro grandes pilares:
- Identificar y cuantificar los riesgos relacionados con el clima
- Integrar factores ASG en la gestión de riesgos y las decisiones de inversión
- Desarrollar una taxonomía verde de actividades económicas para promover la innovación financiera verde y
- Promover una mayor divulgación en asuntos ASG y climáticos.
Quisiera resaltar dos importantes mensajes que resultan de este trabajo:
El primero se refiere a cómo el cambio climático nos revela nuevos riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Los riesgos físicos y de transición constituyen entonces un nuevo desafío para autoridades y gestores de riesgo.
Bajo este contexto, el Banco Mundial, con el apoyo de la Superintendencia Financiera, publicó lo que constituye el primer reporte y aproximación para Colombia y el primero en la región sobre las pruebas de estrés relacionadas con el impacto de los riesgos climáticos en el sistema financiero.8
En él se señala que el sector bancario de Colombia tiene una exposición significativa a los riesgos financieros relacionados con el clima, en particular por las grandes inundaciones y por la descarbonización de la economía y concluye con un contundente llamado a las instituciones financieras para que avancen en sus esfuerzos de identificar, medir y gestionar estos riesgos.
El segundo mensaje se refiere a cómo el cambio climático también presenta oportunidades. A la fecha, Colombia ha movilizado cerca de $3,4 billones de pesos a través de Bonos Verdes y Sostenibles, instrumentos fundamentales para una industria financiera más verde en la que la banca en Colombia se ha constituido como un líder natural.
Sin embargo, los recursos movilizados no son suficientes ni están cercanos a cerrar la brecha de financiación necesaria para lograr las metas ambientales del país.
La transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono requerirá cambios fundamentales en todas las industrias y necesitará que el sector movilice muchos más recursos hacia proyectos y tecnologías que respalden estos cambios y que nos lleven a una senda de recuperación inclusiva y sostenible.
En estos primeros tres años de trabajo hemos registrado importantes logros: nuestro ingreso a redes internacionales como el NGFS, siendo la primera autoridad de supervisión de la región en ingresar; el acompañamiento y desarrollo de la primera
taxonomía verde para Colombia, que también nos posiciona como el primer país en Latinoamérica en contar con un sistema de clasificación; un paquete de regulación “verde”, que incluye instrucciones frente a la emisión de Bonos Verdes y las relacionadas con la incorporación de asuntos ASG en las políticas de inversión de las AFP.
V.Desafíos y oportunidades
Es claro que este reencuentro se produce en medio de enormes cambios y desafíos que, aun cuando difieren en su naturaleza y complejidad, si se comparan con los que analizamos hace 20 años en el marco de la reactivación poscrisis, guardan en esencia una estrecha relación y requieren, para ser asumidos exitosamente, un común denominador: un sistema financiero resiliente y comprometido con esta transformación.
Sea este el momento para recordar que hace 2 años les anunciábamos que Colombia había sido incluido en la lista de países a evaluar en el 2021 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mediante el Financial System Assesment Program (FSAP). Durante este año hemos acompañado a la misión evaluadora en la discusión de temas tan relevantes como la supervisión bancaria, inclusión financiera digital, institucionalidad macrofinanciera, el modelo de gestión de crisis, el rol del Estado en el sistema financiero, entre muchos otros, sobre los cuales después de varias acreditaciones se han recibido preliminarmente recomendaciones bastante positivas sobre el avance en diferentes aspectos, a la luz de los mejores estándares internacionales en todas las industrias financieras.
En particular, frente a los resultados de la evaluación del 2012 se espera un significativo avance en materia de las calificaciones sobre los principios de supervisión bancaria eficaz, pieza fundamental para seguir consolidando el modelo de supervisión basado en riesgos adoptado en Colombia.
De igual forma quiero agradecer también a todas las autoridades, entidades vigiladas y no vigiladas por su compromiso y activa participación con el desarrollo de esta importante misión, que entra en su recta final en el mes de noviembre y sobre la cual confiamos obtener los resultados oficiales y recomendaciones al finalizar el año. En el primer semestre de 2022 trazaremos la hoja de ruta para el desarrollo y fortalecimiento de esos estándares en los próximos años.
Una agenda de trabajo para estas exigencias debe ser retadora, ambiciosa y, por supuesto, realizable. Una agenda en la que los resultados de su ejecución sean plausibles en el corto y mediano plazo y en la que las discusiones técnicas alrededor de temas tan relevantes como el cambio climático, el consumidor financiero, la innovación e integración del ecosistema fintech, la inclusión y educación financiera, el crecimiento y la estabilidad financiera se traduzcan en acciones concretas con impacto positivo en el bienestar y calidad de vida de todos los colombianos.
GRACIAS.
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