LOS SEGUROS Y EL DESARROLLO AGRARIO

En nuestro contexto, es cada vez más importante encontrar fórmulas de aseguramiento que permitan a nuestros productores agrarios no tener que asumir siniestros

En términos teóricos, toda actividad productiva conlleva de manera inevitable, factores de riesgo que surgen desde su diseño y prefactibilidad, hasta los derivados de la ejecución misma y la obtención de los resultados esperados. Es algo connatural a la economía de mercado y a la iniciativa privada, que presuponen que cualquier productor, emprendedor o empresario tengan la posibilidad de escoger libremente qué tipo de actividad productiva quieren desarrollar, realizando cada uno de ellos las estimaciones y proyecciones unas más, otras menos sofisticadas respecto a los recursos que están dispuestos a destinar, los retornos esperados por la inversión, los costos de financiación y en lo posible, los Riesgos a los que se exponen, procurando mitigarlos para hacer viable el proyecto específico del que se trate.

Ahora bien, en términos de nuestra realidad agropecuaria nacional, es innegable que han existido múltiples factores y variables a lo largo de la historia, que hacen que ese marco teórico no haya tenido una aplicación así de rigurosa. Entre las causas para que la práctica no se parezca a la teoría, se encuentran factores económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos y además, el hecho trágico asociado a la violencia que ha sacudido de manera tan prolongada e inmisericorde a los sectores más vulnerables de la ruralidad colombiana.

En los últimos años han venido incrementándose las áreas cultivadas que se encuentran amparadas con algún tipo de aseguramiento, aunque a pesar de ello, los porcentajes no superan en el mejor de los casos, el 5% del total sembrado. Han existido esfuerzos segmentados, particularmente en lo que atañe a agroindustrias como la caña, el banano y las plantaciones forestales comerciales, aunque a nivel general siguen siendo preocupantes las cifras y lento el desarrollo requerido, sobre todo teniendo en cuenta que no se requieren grandes innovaciones tecnológicas, ni inversiones exorbitantes.

La naturaleza de un mecanismo de aseguramiento o de una póliza en particular, descansa en una adecuada identificación y medición de los riesgos asociados, de manera tal que pueda calcularse la prima técnica, las reservas, las exclusiones y finalmente, los deducibles como el elemento en el que los tomadores asumen una porción de ese riesgo amparado.

Nadie podría negar que debido a la realidad que afrontamos hoy, existe una falla de mercado que obliga a que los hacedores de política pública deban generar correctivos, incentivos y otra especie de estímulos para evitar que las cuantiosas pérdidas que podrían llegar a presentarse en el momento en que algún siniestro se materialice, deban ser asumidas con recursos públicos.

Además de las pérdidas económicas propiamente dichas, existe también un impacto social en la medida en que las personas afectadas son las más vulnerables, en el mayor de los casos trabajadores rurales con un incipiente grado de madurez empresarial y con altos índices de informalidad en su actividad productiva.

Aunque pueda no ser unánime la posición favorable frente a que el Estado asuma primas de seguros con recursos públicos, resulta siendo justificable en término costo-benéficos, si se compara el valor de ese incentivo con lo que tendría que llegarse a asumir en caso de reclamos, protestas económicas y sociales, en el caso de un siniestro.

Las cifras oficiales del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), administrado por Finagro, dan cuenta que durante el año 2018 se respaldaron créditos por un valor total de $2.3 billones en beneficio de 242.483 proyectos productivos con garantías por $ 1,71 billones. En este universo, los pequeños productores representaron el 88% del valor, los medianos el 11% y los grandes el 1.3%. Vale decir que en número de productores beneficiados con ese incentivo, durante el año 2018, los pequeños productores fueron el 98%, los medianos el 2% y los grandes el 0,05%.

En cuanto al presupuesto oficial, este fue de $34.000 millones, de los cuales como Subsidio a la Prima, fueron $ 33.130 millones y $870 millones en el Programa de Fomento. Se explican estos 33.130 millones, así: 3.552 beneficiarios; 94.678 hectáreas; un valor asegurado de $ 713.678 millones y un incentivo pagado de $ 33.130 millones. Hay que tener en cuenta que esos 3.552 beneficiarios, son apenas el 0,2% del total de productores agropecuarios.

Dentro del total de hectáreas, el Banano es el 33%, la Caña de azúcar el 27%, los Forestales el 14%, el arroz el 9% y el maíz el 8%. Hay un Otros del 5% (soya, cacao, caucho, plátano, aguacate, algodón)

Si se compara con el 2017, el subsidio a la prima fue de $ 42.093 millones, con 4.239 beneficiarios, un área asegurada de 151.785 hectáreas, un valor asegurado de $1 billón.

Dentro de los retos que debemos enfrentar en el corto plazo, está el poder extender no solamente la cultura de aseguramiento a más hectáreas, más productos y más productores, sino en general la visión empresarial de los productores del campo, para lo cual existen dos variables críticas a gestionar de manera articulada entre sector público y sector privado para hacer realmente productivo y eficiente el uso de la tierra:

• Diferenciar entre “aptitud” que pueda tener determinado territorio para producir alimentos y la “vocación” del mismo entendido ésta como el factor determinante para que se pueda producir de manera eficiente, con riesgos calculados (y mitigados) y sobre todo, con una perspectiva de encadenamiento productivo así como de comercialización. Vender primero para después sembrar. No al revés.

• Conectividad e Inclusión. El proceso de conectar físicamente a nuestras poblaciones rurales con los grandes centros de comercialización, a través de vías terciarias tomará más tiempo del que podemos esperar. Sin demeritar todos los esfuerzos que en esa dirección se puedan continuar, es cada vez más urgente permitir esquemas de conectividad virtual utilizando la ventaja que representan las tecnologías de información y comunicaciones.

Aunque cueste creerlo, en algunos rincones de nuestro territorio, podría pasarse a la cuarta revolución industrial, sin haber pasado por la tercera. El desdén centralista y miopía politiquera con los que se han abordado dramas regionales, deben dar paso a una verdadera visión de país nacional, con las posibilidades que nos da ser una indiscutible potencia agrícola con un talento humano ejemplar y con la tecnología que cada vez más masiva y más alcanzable, transforme la retórica, en riqueza.