INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA FINANCIACIÓN VERDE Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGO ESG

- Índice Territorial de Crecimiento Verde (ITCV) y Taxonomía Verde

Desde el pasado mes de febrero, Colombia cuenta ya con el índice territorial de crecimiento verde (ITCV), una herramienta diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para medir el desempeño en crecimiento sostenible e inclusivo de los departamentos, reconociendo sus dinámicas económicas, sociales y culturales, y la riqueza de los recursos naturales con los que cuentan, identificada en la política de Crecimiento Verde aprobada en el Documento CONPES 3934 de 2018.

El ICVT llega en momentos de un creciente interés por parte del sector público y privado de financiar proyectos que promuevan el cumplimiento de la agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los compromisos del Acuerdo de París y otras iniciativas en materia de sostenibilidad. No en vano la cartera verde, ya supera los 11 billones de pesos, correspondientes al 2,1% del total de la cartera del sector financiero colombiano, según cifras de Asobancaria de primer semestre de 2022.

Por su parte, la importancia de gestionar los Riesgos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) toma fuerza en todo el mundo y la agenda de la banca en Colombia no ha sido la excepción.

A través de los resultados del ITCV se reconoce la capacidad regional para lograr la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono. Lo anterior está alineado con los dos otros énfasis del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: ordenamiento del territorio alrededor del agua y sostenibilidad acompañada de la equidad y la inclusión social.

El ITCV se constituye en principal herramienta para que las entidades crediticias a todo nivel acompañen y orienten sus programas de financiación verde y crédito especializado para la agroindustria. Por su parte, será clave en el diseño de medidas parte proteger los balances frente a la incertidumbre, en especial frente a los riesgos relacionados con el cambio climático, que están volviéndose cada vez más relevantes para los supervisores debido a sus implicaciones en la estabilidad financiera. No en vano, los impactos del cambio climático se traducen en riesgos financieros a través de los factores físicos y de transición.

>> El Índice Territorial de Crecimiento Verde (ITCV) tiene un valor promedio nacional de 45,4, con un valor mínimo de 34,5 (Vichada) y un valor máximo de 63,2 (Risaralda).

El ITCV mide el desempeño en crecimiento verde por departamentos, el cual oscila en valores que inician en 0 hasta 100, donde 100 representa el mejor desempeño en términos del enfoque de crecimiento verde. Por la manera como se construyó el ITCV, esta cifra es adimensional y solo representa un puntaje; es decir, no se puede interpretar como porcentaje o como una distancia a una meta esperada. <<

VEAMOS LOS RESULTADOS QUE ARROJA EL ITCV PARA SUS CUATRO DIMENSIONES TEMÁTICAS

1. La dimensión Uso óptimo de recursos

Comprende la productividad, intensidad o eficiencia en el uso del agua, suelo, energía y materiales.

Presenta un promedio nacional de 43,0, un valor máximo de 76,3 (Vaupés) y un valor mínimo de 21,9 (Norte de Santander).

En esta dimensión, Vaupés obtiene un mejor desempeño en el uso eficiente del suelo, medido por el valor agregado producido por unidad de área destinada a actividades agropecuarias; por su parte, Amazonas y Chocó se caracterizan por disminuir las toneladas per cápita de residuos llevadas anualmente a disposición final. Bogotá D. C. y Risaralda se caracterizan por ser menos intensivos en el uso de energía; es decir, requieren consumir menos energía para producir una unidad de PIB en sus economías.

2. La dimensión de Capital Natural

Cuantifica el estado de los recursos naturales que cumplen tres funciones principales: a) sirven de base para el desarrollo desde su estructura y funcionamiento; b) permiten la sostenibilidad de las actividades económicas y c) generan bienestar a la sociedad. La dimensión Capital natural marca un promedio nacional de 56,4, un valor máximo de 80,7 (Amazonas) y un valor mínimo de 31,5 (La Guajira).

En esta dimensión, Caquetá se caracterizan por una mejor calidad del agua; mientras Meta resalta con el mayor número de especies registradas. Nariño tiene la mejor efectividad en la gestión de áreas protegidas. Amazonas y Chocó se destacan por presentar el mejor desempeño en el componente de calidad ambiental, gracias a que cuentan con menor alteración potencial de la calidad de agua, al mismo tiempo que una mayor proporción de suelos no degradados por erosión, salinización o sobreutilización y menores tasas de deforestación.

3. La dimensión Oportunidades y esfuerzos en crecimiento verde

Permite evidenciar el estado de los elementos necesarios para adelantar una transición hacia fuentes más sostenibles de crecimiento y hacia una verdadera diversificación económica.

Tiene un promedio nacional de 25,2 un valor máximo de 50,9 (Quindío) y un valor mínimo de 4,5 (Arauca). Este indicador varía según el grado de innovación, medida por la tasa de solicitud de patentes, y mayores esfuerzos en la implementación de nuevas fuentes de crecimiento económico a través de negocios verdes, desarrollo de bioproductos y aprovechamiento de la vocación forestal.

4. La dimensión Equidad social

Pone de manifiesto las condiciones financieras, laborales, educativas y de calidad de vida que resultan decisivas a la hora de aprovechar y a la vez impulsar el crecimiento verde.

Tiene un promedio nacional de 57,1, un valor máximo de 84,2 (Risaralda) y un valor mínimo de 28,9 (Vichada). En esta dimensión, los cinco departamentos con los mejores desempeños son Risaralda, Caldas, Bogotá, D.C., Valle del Cauca y Quindío. Todos los anteriores se caracterizan porque la inexistencia de una brecha significativa en el acceso a los servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y energía) entre el área urbana (cabeceras) y el área rural (resto). Por otro lado, en los departamentos enumerados el nivel de calidad de vida y las condiciones habilitantes en crecimiento verde son relativamente mejores, en términos de una menor incidencia de pobreza monetaria y mayor acceso a la asistencia técnica por parte de las unidades productivas.

ACANCE DEL FINANCIAMIENTO VERDE EN LÍNEA CON LOS RIESGOS ESG

La financiación del crecimiento y transformación verde sigue ganando participación en los portafolios de cartera de todo tipo de entidades financieras. Por su parte, la necesidad de contar con modelos que permitan gestionar los riesgos y oportunidades de la Agenda ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), ha llevado a una concepción más amplia de lo que se considera economía verde, comprendiendo hoy un amplio espectro de actividades y objetivos: prácticas de producción limpia, uso eficiente y aprovechamiento del agua, el suelo, la energía y los materiales; generación de menos residuos, mejorar la calidad de los cuerpos de agua, evitar la degradación de los suelos y de áreas protegidas y estratégicas; contener la deforestación y controlar las emisiones de gases efecto invernadero; desarrollo de productos nacionales de alto valor agregado, basados en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación o de impacto en la internacionalización de la economía; proyectos para aumentar la cobertura en el acceso a servicios públicos, asistencia técnica pertinente y educación de calidad; proyectos que reduzcan las desigualdades y generen oportunidades de empleo digno y decente.

EL MERCADO DE CAPITALES Y DE SEGUROS SE MUEVE A LA PAR DE LOS CRITERIOS ESG

Como lo resalta el experto en Gestión de Riesgo Luis Fernando Cruz, de la firma Cubicum: “De acuerdo con informes recientes, las tendencias en los últimos años indican que, a nivel europeo, cerca del

80% de los Asset Managers ya incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, en su manera de invertir o en términos de los productos que comercializan. Del 77% de las compañías de seguros y fondos de pensiones que incorporan criterios ASG, pone de manifiesto que actualmente cerca de la mitad invierten un 25% o menos de su cartera en estrategias específicas basadas en criterios ASG, y tienen previsto aumentarlo al 50% o más en los próximos dos años”

Y añade: “Es entonces absolutamente indispensable entender estos nuevos desafíos que impactan de manera seria a todos los grupos de interés, con elementos sensibles para el desarrollo humano como puede ser la superación de la pobreza, la generación de condiciones de equidad de género y de aspectos inclusivos en la mayor acepción de la palabra. Gestionar estos riesgos de manera asertiva y oportuna, permitirá generar un bienestar ampliado no solamente a las empresas, sus funcionarios, sino también al entorno en el que actúan”. Finaliza el experto.

TAXONOMÍA VERDE – UN AVANCE DECIDIDO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS ESG

Otro de los avances significativos del país en esta materia se dio en abril del 2022 con el lanzamiento de la Taxonomía Verde, mediante la cual se unificaron y definieron las actividades y sectores clasificados como verdes.

Este lenguaje común con el que cuenta el sector ya ha dado frutos con la construcción metas, objetivos e indicadores comparables, tarea que antes lucía imposible. Lo anterior sumado a la nueva información derivada del ITCV, favorecerá además la formulación de políticas de riesgo, pricing, y modelos de actuación comercial, diseño de métricas de gestión, desarrollo de productos a la medida que identifiquen las particularidades de cada región y las que encierran mayores oportunidades; avanzando así en un terreno en el que la falta de información confiable ha sido un gran desafío, con el agravante de las diferencias locales y regionales que en nuestro país son sustanciales.

Como lo explico Asobancaria en su Edición 1324 de su Semanaria Banca y Economía (abril 18 de 2022): “La Taxonomía Verde propone cuatro principales usos: i) reorientar los flujos de capital hacia sectores verdes; ii) fortalecer el proceso de identificación de proyectos elegibles, así como facilitar la clasificación de instrumentos financieros denominados como verdes; iii) homologar criterios para aumentar la transparencia y evitar el greenwashing (lavado o engaño verde); y iv) apoyar el desarrollo, monitoreo y rastreo de mercados verdes”.

Si bien en Colombia ya se vienen aprovechando las oportunidades derivadas de la transición a la economía verde, a través de emisiones de bonos temáticos, incluyendo los bonos verdes, el ITCV y la Taxonomía Verde, están permitiendo transitar con mayor celeridad hacia la sofisticación de productos de mayor personalización por actividades y regiones, donde particularmente la financiación de la agenda climática en la transición hacia una economía baja en carbono, sostenible y resiliente serán los frentes en los que el país espera liderar la agenda latinoamericana.

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