Estados Unidos prohíbe las llamadas robotizadas a teléfonos celulares en la cobranza

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La Corte Suprema de los Estados Unidos, anuló la ley de 2015, una  enmienda de la era de Obama,  que permitía las llamadas automáticas mediante sistemas robotizados en la gestión de cobranza de deudas  respaldadas por el gobierno.

La  decisión fue muy celebrada teniendo en cuenta que no nada que odien más los estadounidenses, las llamadas automáticas y la gestión de cobro.

La Corte Suprema de EE. UU. Rechazó hoy una disposición de la ley estadounidense que permitía a en la gestión de cobranza,  hacer llamadas automáticas a los teléfonos celulares, y dictaminó que la ley viola la Primera Enmienda al favorecer la gestión de cobro de deudas sobre otras gestiones más vitales.

La Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA) de 1991 prohíbe "casi todas las llamadas automáticas a teléfonos celulares", pero el Congreso en 2015 modificó la ley para agregar "una nueva excepción de deuda gubernamental que permite llamadas automáticas hechas exclusivamente para cobrar una deuda adeudada o garantizada por Estados Unidos ", señaló la Corte Suprema en su fallo.

Explica el juez Brett Kavanaugh: "Como admite el Gobierno, la restricción de llamadas automáticas con la excepción de deuda gubernamental no puede satisfacer un escrutinio estricto", dijo el fallo. "El Gobierno no ha justificado suficientemente la diferenciación entre el mensaje o discurso de cobro de deudas del gobierno y otras categorías importantes del discurso de robocall, como el discurso político, la promoción de problemas y similares".

Los préstamos respaldados por el gobierno afectados por el fallo incluyen préstamos estudiantiles, hipotecas de viviendas, préstamos para veteranos, préstamos agrícolas y préstamos comerciales.

El caso comenzó cuando la Asociación Estadounidense de Consultores Políticos y otras tres organizaciones que "hacen llamadas a los ciudadanos para discutir candidatos y asuntos, solicitar donaciones, realizar encuestas y obtener el voto" solicitaron la invalidación de todo el TCPA, según el fallo: Los demandantes en este caso son organizaciones políticas y sin fines de lucro que desean hacer llamadas telefónicas políticas a teléfonos celulares. Invocando la Primera Enmienda, argumentan que la excepción de deuda del gobierno de 2015 favorece inconstitucionalmente el discurso de cobro de deudas sobre el discurso político y de otro tipo. Como alivio de esa ley inconstitucional, nos instan a invalidar toda la restricción de robocall de 1991, en lugar de simplemente invalidar la excepción de deuda gubernamental de 2015.

Seis de los nueve jueces votaron a favor.

Pero en lugar de anular toda la ley, el Tribunal Supremo determinó que la ley TCPA puede aplicarse sin la excepción de los cobradores de deudas. Esto se debe en parte a que "TCPA es parte de la Ley de Comunicaciones, que ha contenido una cláusula expresa de separabilidad desde 1934". Pero incluso si esa cláusula no existiera, "la presunción de separabilidad aún se aplicaría", dijo el tribunal.

"El resto de la ley es capaz de funcionar de manera independiente y sería completamente operativa como ley. Separar esta excepción relativamente estrecha a la restricción general de llamadas automáticas cura completamente el problema del tratamiento desigual de la Primera Enmienda y no plantea ningún otro problema constitucional". Dijo la corte.  Según el tribunal, los principios tradicionales de separabilidad, "la excepción de deuda del gobierno de 2015 debe ser invalidada y separada del resto del estatuto", dijo el tribunal.

Si bien los demandantes no obtuvieron lo que pidieron, los estadounidenses ahora tienen protección legal contra las llamadas automáticas de los cobradores de deudas. "Como resultado, los demandantes aún pueden no hacer llamadas telefónicas políticas a teléfonos celulares, pero su discurso ahora se trata por igual con el discurso de cobro de deudas", dijo la Corte Suprema.

Los demandantes en el caso no impugnaron la prohibición de TCPA de llamadas automáticas a teléfonos domésticos. La Comisión Federal de Comunicaciones hace cumplir la ley, pero es en gran medida ineficaz para cobrar las multas emitidas a los infractores.

Tribunal estuvo "del lado  de los consumidores estadounidenses"

El fallo de la Corte Suprema de hoy confirmó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito. Esa sentencia del Cuarto Circuito revocó un fallo de la Corte de Distrito que confirmó la disposición de cobro de deudas "debido al gran interés del Gobierno en cobrar la deuda", dijo el fallo de la Corte Suprema.

El senador Ed Markey  y la representante Anna Eshoo, elogiaron la decisión de la corte hoy: "El tribunal determinó acertadamente que los cobradores de deudas del gobierno no tienen derecho a una excepción especial a la prohibición de la TCPA de llamadas automáticas". Aplaudimos la decisión de la corte de apoyar a los consumidores estadounidenses, proteger nuestro derecho a la privacidad de estas llamadas abusivas, disuadir innumerables estafas que se dirigen a nuestras poblaciones más vulnerables y garantizar que nuestros teléfonos sigan siendo utilizables".

Tras señalar que el tribunal permitió que la TCPA se mantuviera por sí sola sin la excepción de cobro de deudas, Markey y Eshoo dijeron: "la decisión de hoy preserva la capacidad de la TCPA de proteger a los estadounidenses de innumerables llamadas automáticas no deseadas cada año, todos los días y, de hecho, cada hora y minuto".  Markey fue uno de los autores de la ley de 1991. El presidente de la FCC, Ajit Pai, también acogió con beneplácito el fallo, diciendo que "el Tribunal consideró que el intento de la última administración de crear una exención especial para los cobradores de deudas favorecidos no solo fue una mala política sino inconstitucional".

A Kavanaugh se unieron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia John Roberts, Clarence Thomas y Samuel Alito al encontrar que "la restricción de llamadas automáticas con la excepción de la deuda del gobierno está basada en el contenido" y está "sujeta a un escrutinio estricto". Las restricciones de contenido basadas en el discurso tienen que pasar un mayor escrutinio legal que las restricciones de contenido neutral. "Aunque el cobro de la deuda del gobierno es sin duda un objetivo digno, el Gobierno reconoce que no ha justificado suficientemente la diferenciación entre el mensaje o discurso de cobro de deudas del gobierno y otras categorías importantes del discurso de robocall, como el discurso político, la recaudación de fondos caritativos, la promoción de problemas, la publicidad comercial , y similares".

La jueza Sonia Sotomayor estuvo de acuerdo con el fallo, encontrando que la disposición de cobro de deudas "falla el escrutinio intermedio porque no está" estrechamente diseñada para servir a un interés gubernamental significativo"; pero rechazó el argumento de separabilidad y dijo que "los demandantes tienen derecho a una orden judicial que impida la aplicación [de la TCPA] contra ellos".  Mientras tanto, el juez Stephen Breyer, junto con el juez  Ruth Bader Ginsburg y el juez Elena Kagan, habrían mantenido la excepción de la deuda del gobierno, pero dada la opinión de la mayoría contraria, acordaron que la disposición es separable del resto del estatuto.

La TCPA generalmente prohíbe las llamadas de telemercadeo pregrabadas no solicitadas, pero proporciona explícitamente una exención para las organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos.

De esta manera,  la Federal Communications Commission -la FCC – sigue avanzando en su trabajo de combatir las llamadas automáticas ilegales y la suplantación de identidad de llamadas maliciosas a través de iniciativas de políticas, acciones de cumplimiento, asociaciones públicas y privadas y educación del consumidor.